Hay unos sesenta proyectos de biogás en marcha en Castilla y León, ocho de ellos en la provincia de Zamora, pero la implantación de la industria puede convertirse en algo mucho más generalizado. Los planes del sector parecen ir por ahí y, según diversos informes y documentos publicados en los últimos años, a los que se ha dado una relevancia mediática escasísima a la vista de las implicaciones que tienen, la comunidad puede convertirse en el principal territorio generador de este tipo de energía.
El último documento de referencia en este sentido es el «Estudio de la capacidad de producción del biometano en España», publicado hace unos meses por la Asociación Española del Gas. Un colectivo relevante, habida cuenta de que engloba a varias de las empresas que apuestan y tienen capacidad para trabajar con este tipo de energía. El documento es tajante y muestra las intenciones del sector, que indican que Castilla y León tiene capacidad para acoger la friolera de 520 plantas de biogás en su territorio. Sería el diez por ciento del total de la capacidad estimada de todo el territorio nacional.
Las mismas fuentes hablan de una generación de puestos de trabajo que rondaría los 5.200 contratos, esto es, diez personas por planta. Una cifra no muy elevada pero que, según los proyectos que se van publicando (al menos en Zamora) está alejada de la realidad. La mayoría de las plantas pueden funcionar con cuatro o cinco personas en nómina.
Los colegios de ingenieros industriales se muestran a favor de esta industria. «A la luz de los informes elaborados por expertos en esta materia, que señalan a Castilla y León como la comunidad con mayor potencial de crecimiento en la generación de gas metano, los ingenieros industriales instan al Gobierno de la nación, a la Junta y a las corporaciones locales a facilitar —en función de sus competencias— la construcción de plantas de gas metano con incentivos económicos y fiscales, simplificando trámites y reduciendo la burocracia», precisan estos profesionales.
Las plantas se tendrían que construir al abrigo de un Plan de Biogás, en el que trabaja la Junta para el periodo 2024-2034, que todavía no ha visto la luz. La normativa vendrá a regular las condiciones de la implantación de la industria y los objetivos de la comunidad en esta materia, pero la realidad es que muchos proyectos se están presentando antes de que el texto legal vea la luz.
Alegaciones
Las alegaciones han comenzado por las de Ecologistas en Acción, que insiste en que la Junta de Castilla y León «debe recopilar y publicar datos exhaustivos por provincia de la producción de cada fracción de residuos, así como los datos concretos que justifiquen la disponibilidad de cada fracción de materia prima después de aplicar las previsiones de gestión preferente, incluyendo en primer lugar previsiones de reducción en la generación de residuos».
El colectivo insiste además en alejar las plantas de los núcleos urbanos (habla de al menos 500 metros, una distancia corta) y indica que el tránsito de camiones por los pueblos debe restringirse. En todo caso, Ecologistas en Acción considera que deben tramitarse como proyectos de interés regional únicamente los que cuenten con aceptación vecinal.
Protestas en Salamanca
Que la cuestión está en el mapa de la actualidad de toda la comunidad autónoma, y no solo de la provincia, se pone de manifiesto con las manifestaciones convocadas durante los últimos días. Las hay en varios territorios (León o Valladolid), pero este sábado fueron los vecinos de Villamayor y de otros puntos de Salamanca los que acudieron a la capital charra para protestar contra los malos olores de una fábrica de grasas ya construida y de otras de biogás que están en proceso. Las plantas se localizarían a unos cinco kilómetros de distancia de la Plaza Mayor de Salamanca con vientos predominantes en esta dirección. Algo similar, como indica Stop Biogás Zamora, a lo que pasaría con la capital zamorana y la planta de Coreses.
De hecho, vecinos de El Cubo del Vino participaron en la manifestación de Salamanca. Insisten en tener esta industria alejada de las casas, con quejas y proclamas en contra de la instalación por los ruidos, olores y vertidos «que se soportarán durante años».
