Cuando José, Rocío y Loli llegan al punto de encuentro convenido, un hombre aparece tras ellos. Se trata de una de las personas que está a favor de la planta de biogás que las tres personas citadas en la primera frase pretenden paralizar. Al parecer, esta especie de persecución empezó hace unos minutos, cuando los miembros de la plataforma contra la instalación estaban pegando carteles para anunciar la manifestación que tendrá lugar este sábado en el pueblo.
En el instante en el que los periodistas aparecen en la escena, el hombre saca el móvil, aparentemente con la intención de grabar, y solo decide marcharse cuando Rocío manifiesta su intención de trasladar la charla de la calle a su casa. Minutos más tarde, el hombre en cuestión recibirá la visita de la Guardia Civil en una de sus propiedades. Todo sucede en Santibáñez de Vidriales, otro de los pueblos de Zamora donde la posible llegada de una planta de biogás ha soliviantado a parte del pueblo y ha provocado un enfrentamiento con gente que ve ese desembarco con buenos ojos.
La movilización que tratan de anunciar José, Rocío y Loli con los carteles tendrá lugar este sábado a las 12.30 de la mañana. Y no solo la empujan ellos. En Whatsapp disponen ya de un grupo con más de 80 miembros, hay colectivos como Ecologistas Zamora que les apoyan y cuentan también con el precedente de lo sucedido en la cercana localidad de Vega de Tera, donde una manifestación similar sacó a la calle a unas 400 personas en el mes de mayo.
«Creemos que la planta no tiene ningún beneficio para el pueblo como tal, y tampoco para el Valle de Vidriales», arranca Rocío, que es, superado el susto con el vecino, la que lleva la voz cantante de la conversación: «De hecho, pensamos que va a ser todo lo contrario», añade esta bióloga, que no reside de continuo en la localidad, pero que sí va de forma recurrente y que tiene a parte de su familia residiendo en el lugar todo el año.
Para esta mujer, la planta de biogás «va a provocar contaminación, aumento del tráfico de camiones pesados, problemas respiratorios y malos olores». «Está demostrado que, en los sitios donde se ponen estas instalaciones, la vida cambia y se pierde población», defiende Rocío, que no solo apunta a la cuestión medioambiental: «Pensamos que va a afectar negativamente a los negocios, a la hostelería, al supermercado…», enumera la representante de la plataforma.
De hecho, tanto ella como el resto del grupo que está implicado en esta lucha consideran que la planta «puede ponerle la puntilla al valle». De ahí su empeño. Más allá de la manifestación, la plataforma está recogiendo firmas y trata de hacer una labor didáctica sobre los perjuicios que, bajo su punto de vista, traerán estas dependencias que podrían ubicarse en la zona del matadero, en la punta del triángulo entre Pozuelo, Tardemézar y Santibáñez. Las instalaciones quedarían a un kilómetro y medio de las primeras casas y del colegio de la localidad, según los organizadores de la movilización.
Rocío insiste en los factores negativos y lamenta la proliferación de este tipo de proyectos al abrigo de los fondos Next Generation. La plataforma de Santibáñez de Vidriales se ha unido a otros colectivos de carácter autonómico y nacional, y ha puesto en marcha una campaña de información que trata de trasladarle a los ciudadanos de la contorna que la planta solo traerá beneficios para quien la instala y, en menor medida, para los ganaderos que le vendan los estiércoles.
«En el caso de los ganaderos, lo que planteamos es si merece la pena cargarte tu pueblo por dos duros», desliza Rocío, que lamenta que las empresas llegan «con 3.000 o 4.000 euros de capital» y sin mucho más que ofrecer. En el caso de la que pretende desembarcar en Santibáñez, los primeros contactos llegaron en mayo, así que todo se encuentra aún en una fase previa.
Los fondos buitre
Rocío insiste en que, con estas instalaciones, lo que se pide es que todo se haga en consenso con las poblaciones afectadas. «Si fuesen a poner un jardín botánico, no reclamarían eso», desliza la representante de la plataforma, que también asegura que la propia Asociación Española del Biogás recomienda que las plantas se instalen, como mínimo, a tres kilómetros de las poblaciones: «Lo que falta es una legislación adecuada con estas cosas. Se está haciendo todo un poco a lo loco», añade la activista contra el proyecto.
Antes de despedirse, Rocío y sus dos compañeros lanzan otra advertencia: «La planta de Guardo, en Palencia, la pone Goldman Sachs. ¿Ya estamos entendiendo de qué va todo esto? Son fondos buitre que vienen a aprovechar la oportunidad».
