El final de las concesiones para la explotación de decenas de presas y centrales hidroeléctricas repartidas por España está cerca. Muy cerca en el caso de Villalcampo. Durante los próximos años se caducarán muchos de los acuerdos sellados en su día por amplios periodos de tiempo, de hasta 75 años, con empresas como la actual Iberdrola pero, en el citado ejemplo de las instalaciones zamoranas, ese momento llegará este 10 de octubre. Es decir, en menos de un mes. La situación inquieta a los ayuntamientos afectados, toda vez una parte importante de sus ingresos depende de lo que vaya a ocurrir ahora.
El alcalde de Villalcampo, Miguel Ángel Miguel, está pendiente de esta circunstancia, «a la espera» de lo que pueda suceder. Y es que, aunque en principio el 10 de octubre es el día marcado en el calendario, conviene recordar que Iberdrola reclamó en su día una prórroga de 24 años más. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico rechazó esa demanda, pero la empresa ha elevado su petición al TSJ del País Vasco. A partir de ahí, está por ver qué sucede, pero el tiempo corre.
El responsable municipal de Villalcampo entiende que cabría la posibilidad de que Iberdrola recibiera algún tipo de prórroga cautelar, a la espera de conocer cómo se resuelve el recurso judicial. Mientras, Miguel Ángel Miguel ha mantenido algún contacto con la directora general del Agua sobre la posibilidad de que las instalaciones reviertan al Estado y sea la Confederación Hidrográfica del Duero la que gestione la presa y regule los caudales, al menos hasta que se abra un nuevo proceso. «Ellos quieren estar cubiertos», indica el alcalde, en referencia al Ministerio.
Para Miguel Ángel Miguel, lo importante aquí inicialmente es conseguir que la explotación siga «en manos de un tercero o de una empresa». Sobre todo, porque el Ayuntamiento se juega unos 200.000 euros por ejercicio, una cantidad nada desdeñable para un municipio del tamaño de Villalcampo. Esa es la cifra que llega a las arcas locales a través de la recaudación del IBI y del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE).
«Si nos quedamos sin ese dinero, se nos descabalga el presupuesto», admite Miguel Ángel Miguel, que matiza que Iberdrola está dando actualmente «lo que tiene que dar». Es decir, lo correspondiente por ley tanto en las tasas de los bienes inmuebles como en las actividades económicas. La expectativa de Villalcampo y del resto de los ayuntamientos afectados por el final de esta y de otras concesiones es que el beneficio se incremente con los nuevos acuerdos, pero siempre dentro de un proceso ordenado que les penalice lo menos posible transitoriamente.
Demandas realistas
Por lo pronto, Villalcampo y la plataforma de pueblos afectados han ido elevando algunas demandas para recibir ciertas cantidades por potencia instalada y para reclamar que las concesionarias «inviertan más en la zona». Miguel Ángel Miguel entiende que no consiste en generar puestos de trabajo, ante la certeza de que «hay lo que hay» y conviene que los ayuntamientos «sean realistas». «Se trata de que la empresa diga: mira, voy a hacerle esto al pueblo, o voy a organizar esto en la zona», recalca el dirigente municipal.
El asunto afecta inicialmente a la presa de Villalcampo, pero implica a todos los lugares de España que se ven ante un final inminente de la concesión. La sensación transmitida por los colectivos que agrupan a estos ayuntamientos es que lo que suceda en el primer caso marcará la pauta de los demás. Y el primero es Villalcampo: «Queremos que nos beneficie a todos», zanja Miguel Ángel Miguel, tenso ya por la resolución cercana de su caso. En menos de un mes termina el plazo fijado inicialmente y el municipio no quiere salir perdiendo en el primer envite.
