«Promoveremos una inmigración ordenada que, desde la integración cultural, económica y social, y en contra de las mafias ilegales, contribuya al futuro de Castilla y León». De los 32 puntos que han sustentado el acuerdo de Gobierno del PP y Vox durante los últimos dos años y medio, este es el último. Es, además, el único que habla de inmigración, un tema que siempre ha sobrevolado sobre la Junta desde que la ultraderecha tocara poder, en marzo de 2022. Y es el punto al que se agarra Vox para dinamitar el Gobierno de la región, apoyado por dos partidos desde su puesta en marcha y que ahora mantendrá el Partido Popular en solitario hasta que se convoquen nuevas elecciones. En teoría, en febrero de 2026, pero hablar de plazos hoy carece de sentido.
Vox sale del Gobierno no como respuesta a la actividad del Ejecutivo de Mañueco, sino como parte de una respuesta ordenada desde Madrid para marcar distancias con los populares posicionándose en contra del reparto de menores migrantes entre comunidades autónomas. Algo que el PP enmarca en la solidaridad entre regiones (solidaridad con Canarias, fundamentalmente) y que también justifica en el pacto de legislatura firmado en Valladolid. Concretamente, en el punto dos: «Promover la solidaridad entre todas las Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas de España, a la vez que fortalecer el papel de las provincias y municipios». Fruto de este reparto, Castilla y León tutelará a 21 menores no acompañados.
Para el PP, la salida de Vox del Gobierno es a todas luces buena, se coja o no se coja el guante tendido por el PSOE para que el Ejecutivo de la comunidad esté formado en solitario por los populares y se abra a pactos concretos, en materias específicas, cuando se negocien leyes en las Cortes regionales. Llega con unos presupuestos, los de este año, recién aprobados, así que el panorama está despejado en ese aspecto. También sucede en un momento en el que no hay grandes leyes que aprobar en el horizonte y en el tramo final de la legislatura, lo que posibilita que los de Mañueco puedan presentarse a los comicios sin la sombra de ser un Gobierno arropado por Vox.
El particular caso de García Gallardo
La ruptura también saca del foco gubernativo al vicepresidente, Juan García Gallardo, un verdadero dolor de muelas para los populares en los últimos 30 meses. A García Gallardo se le recuerdan más polémicas que medidas. Es, no en vano, un vicepresidente sin atribuciones claras, que ha centrado su labor diaria más en el plano ideológico que en el de la gestión. Lo contrario ha sucedido con los consejeros Gerardo Dueñas (consejero de Agricultura), Mariano Veganzones (Industria, Empleo y Comercio) y Gonzalo Santonja (Turismo, Cultura y Deporte), perfiles más centrados en la gestión.
Las polémicas han sido constantes, desde el «timo climático» hasta la emigración. Pero a García Gallardo se le recuerdan especialmente algunos casos, como la comparecencia tras el consejo de Gobierno del año 2023 en el que anunció un nuevo protocolo antiaborto en Castilla y León, en el que se proponía que las embarazadas escucharan el latido del feto antes de abortar. Una propuesta que tensó de nuevo las relaciones entre socios y obligó al PP a poner pie en pared. La salida de Vox del Ejecutivo libera al PP, aunque le obliga a pactar con otros partidos para sacar adelante los asuntos que requieran de mayoría. Lo que dure esta situación depende del presidente Mañueco, el único facultado para convocar elecciones anticipadas.
