El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha defendido este lunes la labor del Consejo Consultivo de Castilla y León desde una perspectiva vinculada a «la libertad y la democracia», y ha reclamado que la sociedad esté «alerta ante cualquier intento de atenazar este sistema» garantista. El mandatario autonómico ha realizado estas declaraciones en la sede de la institución propia de la comunidad, situada en Zamora, tras recibir la memoria anual de la actividad del Consultivo, correspondiente al ejercicio 2023.
Mañueco ha subrayado que, en sus 41 años de historia, la comunidad «ha ido adquiriendo una creciente madurez jurídica e institucional» y ha destacado la contribución del órgano consultivo y también del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales (Tarccyl) a esta circunstancia. «Aportan una última instancia de calidad y de certeza», ha señalado el presidente de la Junta.
El dirigente salmantino ha insistido en la triple función que cumple el Consejo Consultivo, como garantía en la toma de decisiones, en forma de «control preventivo interno» y como respaldo para «el perfeccionamiento de la labor administrativa y política». «Su discreción, autoridad y buen hacer son imprescindibles», ha resaltado Fernández Mañueco.
539 dictámenes
En cuanto a la tarea del Consejo en 2023, su presidente, Agustín Sánchez de Vega, ha explicado que el Consultivo aprobó 539 dictámenes durante el pasado año, una labor que se vio complementada por la del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, que gestionó otros 180.
Por provincias, el Consultivo resolvió 44 dictámenes en Zamora, lejos de los 119 de Valladolid, pero por encima de los 14 de Soria, los 29 de Ávila, los 30 de Palencia o los 40 de Burgos. Los casos de responsabilidad patrimonial fueron los más comunes a lo largo de 2023 y representaron dos tercios de los casos.
Además, las administraciones consultantes fueron generalmente las locales, con más de la mitad de los dictámenes.
