La Abogada General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha pedido a España que acepte una protección “atenuada” del lobo al norte del río Duero y que, en general, se puede permitir la caza. Así lo asegura la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, que celebra el informe y que reforzada su idea de flexibilizar el estatus del animal, convirtiéndolo en “protegido” y no en “estrictamente protegido”
La letrada emite este informe como paso previo a que el TJUE dicte sentencia en el marco de una cuestión prejudicial planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia en un procedimiento relativo a la caza del lobo al norte del río Duero, un proceso que tiene su origen en 2019 y que pende del Tribunal Europeo desde 2022, cuya resolución ahora carece de efectos prácticos, pero sí tienen trascendencia los pronunciamientos técnicos que se puedan realizar, como es éste de la Abogada General del Tribunal Europeo.
El Gobierno de Castilla y León mantiene su posición de exigir al Ejecutivo central que acometa de inmediato la necesaria flexibilización del régimen de protección del lobo en Castilla y León, en concordancia con la última decisión de la Comisión Europea, de modo que, como primera medida, la Junta recupere la capacidad de gestión de la especie.
El pronunciamiento de la Abogada General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea se suma a otros emitidos desde las instituciones comunitarias, dice la Junta. El 20 de diciembre pasado, Europa dio la razón a la Junta de Castilla y León. “Fue una decisión que marca un antes y un después en esta cuestión, y que venía precedida por pronunciamientos favorables del Parlamento Europeo, de la propia presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen, y de otras entidades europeas”.
La Junta había mantenido una intensa acción política respecto a la gestión del lobo a raíz de que el Gobierno de España tomara en 2021 la decisión de proteger estrictamente la especie al norte del río Duero, como ya estaba al sur, mediante su inclusión en el listado LESPRE (Listado de Especies Silvestres de Protección Especial), endureciendo así el régimen permitido por la Unión Europea y retirando de facto las competencias de gestión y control de la especie a Castilla y León y, en general, y a todas las autonomías loberas.
El Gobierno autonómico se posicionó en contra, “entendiendo que era una decisión meramente ideológica y no de conservación, adoptada de forma unilateral, de forma procedimentalmente irregular y en contra de la voluntad de las autonomías loberas y de la mayoría de las comunidades y ciudades autónomas, que se sumaron a esta posición llevando la citada orden ministerial a los tribunales, cuya sentencia está pendiente en la Audiencia Nacional”.
