La Junta de Castilla y León considera que la intencionalidad y el riesgo por rayos son los dos principales riesgos a los que se enfrenta la provincia de cara a la próxima temporada de incendios, que se prevé incierta por lo mucho que ha llovido durante el invierno y por el mucho combustible que, aseguran los residentes en los pueblos de Sanabria y de la Sierra de la Culebra, se está acumulando en el monte. La Junta insiste, lo hace en su Plan Anual de Prevención, Vigilancia y Extinción de Incendios, en que este año refuerza los medios para luchar contra el fuego y apunta que ha aumentado el presupuesto en prevención, que ha pasado en grandes cifras de 6,9 millones a 7,3.
El dispositivo previsto suma algunas novedades y prevé más medios en la provincia de Zamora. No muchos más, pero sí algunos. Por ejemplo, durante la temporada de riesgo de incendios alta habrá 21 vehículos autobomba prestando servicio, tres más de los que hubo en la temporada pasada (a ellos hay que sumar tres autobombas conveniadas, dos con San Vitero y una con Toro). Las cuadrillas terrestres son las mismas, quince, y las nocturnas (las llamadas November) tampoco varían y serán tres. Habrá un retén de maquinaria más, hasta los cuatro, y más maquinaria también de refuerzo. No cambian asimismo ni los medios aéreos que prestan servicio en bases de la provincia, tres (en Rosinos, Villardeciervos y Villaralbo) ni las cuadrillas helitransportadas, que son otras tantas.
Esto por lo que refiere al dispositivo, en el que las propias características de la provincia obligan a los responsables de mantener el buen estado del monte a guardar más precauciones aquí que en otros territorios de la comunidad. Lo reconoce el propio plan, que asegura que Zamora, por detrás de León, es la provincia con más extensión de terreno calificado como de riesgo alto de perecer a causa de las llamas (más de 128.000 hectáreas se encuentran en esta situación). Todas las áreas de peligro alto están repartidas entre Aliste y Sanabria y el municipio con más extensión de terreno en esta situación es Figueruela de Arriba, con más de 14.000 hectáreas, seguido de Hermisende (más de diez mil) y Pedralba de la Pradería, con más de 9.700 hectáreas catalogadas como de especial sensibilidad ante incendios.
La Junta, como se mencionaba antes, hace un apunte especial sobre los rayos y sobre la intencionalidad. En el segundo caso, Zamora es la provincia con una problemática más acusada, pues 420 incendios declarados entre los años 2015 y 2024 fueron intencionados por el ser humano. Sobre los rayos, Medio Ambiente insiste en apuntar al cambio climático como causante de que los fuegos de los últimos años estén siendo mucho más destructivos de lo que se conocía. «El cuadrante noroeste de la Península Ibérica», dice la Junta, «se ha situado como la zona más vulnerable» a la nueva situación meteorológica que afecta a España. «Se impone como tendencia climática cada vez más recurrente junto con las olas de calor provocadas por la masa de aire cálido sahariana en época estival».
Con todo, los planes de la Junta se quedan cortos cuando se pregunta en el territorio. Criosanabria alarma de que «no existe un plan resiliente por parte de la administración competente y que las zonas que se salvaron del incendio el año pasado este año están nuevamente bajo la amenaza del fuego después de un invierno lluvioso que hace que haya mucha biomasa disponible para quemarse».
Desde esta asociación se están realizando durante el invierno y la primavera pequeñas acciones para fomentar la biodiversidad en la Sierra de Sanabria. Las mismas fuentes manifiestan que durante las mismas «se ha percibido un alto riesgo de incendio en las áreas no quemadas el pasado verano de 2025 y que todavía no se ha tomado ningún tipo de medida preventiva».
Criosanabria apunta que «diferentes estudios indican que el 2026 el riesgo de incendios es superior en la mitad norte de la Península Ibérica y puede estallar debido al aumento de los fenómenos extremos puntuales como viento, tormentas u olas de calor». Circunstancias asociadas al cambio climático y a las que también apunta la Junta, a las que hay que añadir según el colectivo «que no existe un plan funcional operativo contra grandes de incendios forestales, las malas condiciones laborales de los equipos humanos de extinción de incendios y la necesidad de planes de ordenación del territorio comarcales y repoblaciones forestales».
