En el año 2025, Sergio Arribas encontró trabajo en Sanabria. Su idea inicial era utilizar la alta velocidad ferroviaria para desplazarse desde su residencia de Zamora hasta la comarca, pero la sobrevenida reorganización de Renfe frustró sus planes. Era el momento de pensar en alquilar. «Fue muy difícil, porque todos los pisos son turísticos», señala ahora el protagonista de la historia, que apunta que, a muchos propietarios, «les interesa más el verano». «Con eso, compensan todo el año», advierte.
La ubicación de Puebla y del entorno del Lago en una zona con reclamo turístico estacional dificulta la vida de aquellas personas que llegan para trabajar, no se plantean comprar una vivienda y solo tienen la salida del alquiler: «Es que llamas a las inmobiliarias y nada», apunta Arribas, que terminó encontrando un lugar para vivir en un pueblo en dirección al Lago gracias a «un amigo de un amigo». Alcanzó un acuerdo con el casero y ahí sigue. Otros compañeros «han optado por una pensión». Las tres horas diarias de carretera de ida y vuelta a Zamora constituyen una opción más arriesgada.
El caso de Sergio Arribas ilustra la problemática de vivienda que afecta a zonas rurales como esta, un escenario que también estará presente en la campaña electoral autonómica. Si en las ciudades la situación está tensionada por culpa de lo elevado de los precios, en los pueblos lo peor es la evidente falta de oferta en relación a la demanda. El factor turístico estacional de Sanabria complica aún más el panorama en este territorio noroccidental donde es sensiblemente más fácil hallar cobijo para un par de fines de semana que para vivir un año.
Lo cuenta también Flor Martínez, propietaria de Sanabria Inmobiliaria y Gestión: «Yo tema alquileres casi no trabajo porque lo hacen directamente los dueños», concede la profesional, que da argumentos en la misma línea que los del testimonio anterior: «La gente quiere tenerlo libre para el verano». Lo ideal, para muchos caseros, sería tener inquilinos durante el curso y libertad para dar cabida a los turistas en julio y agosto. Por ahí se pueden arreglar con algún profesor. Con el resto es complicado.
«Por lo demás, los problemas son los mismos que en el resto de España. Hay poco y lo que sale es caro», confirma Martínez, que explica que lo mismo sirve para la compraventa. «Está claro que hay un problema, porque hay mucha más demanda que oferta en régimen de alquiler», confirma el alcalde de Puebla, José Fernández, que asegura, además, que hay rentas que resultan «prohibitivas» para los jóvenes que se quieren emancipar en la propia zona, ya no solo para los que llegan de fuera.
Ante esta situación con las viviendas privadas, el Ayuntamiento de Puebla, en línea con la dirección del instituto de la localidad, ha propuesto la adaptación de la antigua escuela-hogar para que, al menos, los estudiantes que llegan puedan tener una solución habitacional barata. Además, el municipio trata de sumarse a los distintos planes de la Junta, que ya en la legislatura que acaba de concluir ha ido incorporando oferta de alquileres públicos. «Pero todavía es un problema bastante gordo», constata Fernández.
De hecho, por su localidad se ven unos cuantos carteles en los que los propietarios anuncian que «se vende» algún inmueble en mejor o peor estado. Cuesta leer «se alquila». Eso en Puebla, pero menos aún en otros lugares como Requejo, donde se encuentran muchas más casas en mal estado o claramente deshabitadas. Ya en el entorno del Lago resulta más común ver esos carteles azules con el distintivo VUT, que recuerda que eso es una vivienda turística.
¿Y qué dicen los partidos ante este panorama con el alquiler rural? Al menos, lo tienen en cuenta en sus programas. Por algo se empieza. El Partido Popular, por ejemplo, cita en más de una veintena de ocasiones la palabra alquiler dentro de su catálogo de medidas, y recuerda que ya se han ido dando pasos con la rehabilitación de viviendas en el medio rural destinadas a ese fin. Recientemente, la Junta también anunció un programa junto a la Diputación para incentivar a los propietarios a rehabilitar sus casas en los pueblos para ofrecerlas a los inquilinos por una cuota razonable.
En esa línea van algunas de las medidas del PP, entre las que destaca igualmente la aprobación de nuevas deducciones en el IRPF para particulares que pongan en el mercado de alquiler viviendas desocupadas destinadas a satisfacer las necesidades de vivienda permanente. «A un precio asequible», claro.
El PSOE también aborda el tema con una batería de medidas en su programa electoral. En su caso, los socialistas aseguran que, si llegan a gobernar, aprobarán «un programa específico de acceso a la vivienda en alquiler y propiedad en el medio rural para jóvenes, nuevos residentes y segunda residencia, basado en la rehabilitación con el fin de favorecer el mantenimiento de los pueblos». Más o menos, los dos actores del bipartidismo entienden que por ahí tiene que ir la cosa.
El resto de los partidos
Tampoco se distancia mucho Vox en eso, aunque añade un matiz al señalar a la supuesta «inmigración masiva» como culpable de la reducción de la oferta, el aumento de la demanda y el encarecimiento del mercado. Mientras, sobre el terreno, los pueblos siguen reclamando la llegada de más población foránea y la habilitación de casas para acogerla.
En cuanto al resto, Izquierda Unida habla de la pertinencia de «involucrar a todas las entidades públicas» en el abordaje del problema, mientras que UPL va en la línea de la rehabilitación de viviendas y los incentivos. El objetivo es que, al final, si la gente quiere irse a los pueblos, pueda hacerlo con facilidad y no acabe por marcharse desesperada.
