Con más de tres mil camas habilitadas, las residencias privadas «dominan» lo relativo a la prestación del servicio de atención a dependientes en la provincia de Zamora. Y lo hacen sin que, de momento, la ley les exija un personal mínimo para atender a los mayores. Una situación que denuncia la Plataforma Social Castilla y León porque, aseguran, se trata de un servicio fundamental para muchas personas en las etapas finales de su vida que no cuenta con la regulación pública, a su juicio, adecuada. Lo que hace que, en muchas ocasiones, se rija directamente por los cánones que marca el mercado, que llegan a plantear precios, en la provincia de Zamora, que rondan o superan ampliamente los dos mil euros mensuales por una habitación compartida. Cifras, asegura Jorge Félix Alonso, portavoz del colectivo, desproporcionadas.
La plataforma recuerda que en abril de 2024, hace ya casi dos años, se aprobó en las Cortes la Ley de Residencias de Personas Mayores, que obligaba a la Junta a fijar unas bases para que los centros residenciales privados contaran con un personal mínimo acorde a las plazas que tienen. Veinte meses después de la promulgación de la normativa, y con el compromiso de que en enero de 2025 se establecería la ratio de personal, no hay novedades. Ello después de que, explica Alonso, se hayan recogido «decenas de alegaciones presentadas por los colegios profesionales» y por la propia Plataforma Social.
«Las residencias se están resistiendo a esta ley porque actúan para maximizar beneficios y contratar más personal va en contra de la rentabilidad», explican las mismas fuentes. Que el tejido residencial privado de la provincia (y de la comunidad por extensión) ha buscado siempre la rentabilidad es un hecho, pero la realidad es que esta tendencia se ha visto acrecentada en los últimos tiempos, tiempos en los que grandes empresas del sector servicios han desembarcado en la provincia para comprar residencias que estaban en manos de empresarios locales. «Miran más los números que cualquier otra cosa. Si no hay obligación de que exista cierto personal, no lo van a contratar porque no les sale rentable», resumen las mismas fuentes.
Aunque la Plataforma Social insiste en que no se puede hacer un diagnóstico general del sector, sí que avisa de que la falta de mano de obra en los centros residenciales privados es algo que afecta más ahora que antes. Sacyl, lo dicen las siempre agotadas bolsas de contratación, necesita gente, y las residencias privadas sufren para encontrar profesionales cuando antes eran las auxiliares y enfermeras las que llamaban a la puerta. «Esto ha llevado a que muchas residencias ofrezcan condiciones peores, contratos de horas que no sirven para llevar a cabo toda la demanda de trabajo que hay. Es habitual ver en las residencias privadas a auxiliares corriendo por los pasillos porque les falta tiempo para desarrollar su trabajo».
Esto por lo que refiere a estas profesionales, pero la falta de perfiles técnicos también es evidente. «No hay una norma que diga cuántas horas de fisioterapia, de terapeutas ocupacionales o de personas encargadas de fomentar el envejecimiento activo debe haber en las residencias. Tampoco se recoge de forma detallada el caso de las enfermeras», explica Alonso, que aboga porque «siempre» haya un profesional de Enfermería presente en los centros. «Muchos ancianos necesitan medicación, curas… Cosas que solo puede hacer una enfermera». En lugar de contar con expertos en las plantillas, aumentan las llamadas al 112 de centros que antes eran prácticamente autónomos para resolver sus problemas. «Y, mientras esto pasa, no aumentan las plantillas de los centros sanitarios públicos. Así que la falta de personal en las residencias afecta también, al final, a la sanidad pública» en su conjunto, estiman las mismas fuentes.
Desde la Plataforma Social denuncian además «la política de bajo coste que está desarrollado la Junta de Castilla y León, basada en conceder pequeñas ayudas para acudir a las residencias privadas. Dichas ayudas no cubren ni el 10 por ciento de su coste. De resultas que nuestra Comunidad se ha convertido en un nicho de negocio de los grandes grupos empresariales. En Castilla y León sólo hay una plaza pública por cada 28 personas de más de 80 años», resumen. «No es raro ver ayudas de 200 euros para una plaza de residencia que cuesta 2.000», puntualizan las mismas fuentes.
