UCCL ha alertado este miércoles del inminente incremento en el coste de los fertilizantes, que podría suponer un sobrecoste de alrededor de 40 euros por hectárea a partir del 1 de enero de 2026. Todo, en base al mecanismo de ajuste de carbono en frontera y siempre y cuando no se introduzcan las demandadas medidas correctoras.
La organización agraria ha señalado que la Comisión Europea pretende gravar las importaciones de productos intensivos en carbono procedentes de terceros países para evitar la fuga de emisiones y garantizar una competencia más equitativa con la producción comunitaria. Entre los sectores incluidos se encuentran los fertilizantes, «un insumo esencial» para la agricultura y uno de los principales determinantes de los costes de producción de agricultores y ganaderos.
UCCL considera que los fertilizantes ya han registrado incrementos de precios en los últimos años y ha advertido que, en muchos sistemas productivos, representan entre el 15% y el 30% de los costes totales de producción. «Esto representa la puntilla para ciertos sectores como los cultivos extensivos de cereal, el maíz, la remolacha azucarera, los forrajes o determinadas producciones hortícolas intensivas, comprometiendo aún más su viabilidad económica», han lamentado.
La organización insiste en que la introducción del mecanismo, tal y como está planteada actualmente, podría traducirse en nuevos aumentos de varias decenas de euros por tonelada de fertilizante. A escala del conjunto del sector agrario, estos incrementos podrían suponer un impacto económico acumulado de entre 600 y 1.500 millones de euros al año, en un contexto en el que las explotaciones ya afrontan una fuerte presión de costes y una elevada dependencia de fertilizantes importados de terceros países.
UCCL ha apuntado además que, a un mes de su aplicación, siguen sin resolverse elementos técnicos clave del mecanismo, como la metodología definitiva de cálculo de las emisiones incorporadas en los fertilizantes, el sistema de verificación y certificación de los datos declarados por los importadores, el precio efectivo de los certificados, así como la posible introducción de medidas compensatorias o correctoras para el sector. «Esto dificulta la planificación de las explotaciones y agrava el efecto tijera que ya sufren agricultores y ganaderos, con costes al alza y precios en origen que no permiten absorber nuevos incrementos», han constatado.
En este sentido, UCCL considera que la transición climática es un objetivo compartido, pero insiste en que no puede trasladarse de forma directa a los costes del sector agrario.
