El equipo Arroba de la Guardia Civil de Vizcaya investiga a dos personas como presuntas autoras de los delitos de estafa continuada, blanqueo de capitales y usurpación de estado civil, cometidos a través de falsos anuncios de venta de perros publicados en una red social. La operación, conocida con el nombre de «Becerrillo», ha permitido identificar a diez víctimas, entre ellas una persona residente en la provincia de Zamora.
Según ha trasladado el instituto armado a través de una nota remitida a los medios, las víctimas, convencidas de estar realizando una compra legitima, adelantaban los pagos mediante una aplicación de pasarela de pagos de telefonía móvil y transferencias bancarias en conceptos como adquisición, transporte, vacunas o jaula del animal.
La investigación ha permitido atribuir a dos personas la autoría de los delitos, así como identificar a los diez perjudicados, que realizaron diversos pagos con un perjuicio total de 3.705 euros por estafas y 2.602 euros blanqueados mediante movimientos bancarios vinculados al fraude. Las pesquisas se iniciaron tras la denuncia de un ciudadano que, a principios de febrero de este año, contactó con la supuesta vendedora, que facilitaba distintos números de teléfono desde los que se articulaba el engaño.
Tras realizar dos pagos, 100 euros por la compra del animal y 450 euros por una supuesta jaula de transporte reembolsable, la víctima sospechó ante la solicitud de un tercer abono, de otros 250 euros, por una presunta vacuna obligatoria. Ante las incoherencias, el denunciante no completó el proceso y acudió a la Guardia Civil.
A partir de ahí, a medida que avanzó la investigación, se identificaron nuevos perjudicados que habían efectuado pagos por importes que oscilaban entre los 100 y los 700 euros, todo ello siguiendo un modus operandi idéntico: contacto a través de esta red social, solicitud de anticipos y uso de pasarela de pagos vinculados a una misma línea telefónica y a una cuenta bancaria.
Los agentes comprobaron que la titular de dicha cuenta bancaria era una mujer con antecedentes por hechos similares, por lo que fue investigada como autora de un delito de estafa y otro de blanqueo de capitales, ya que transfería posteriormente parte del dinero a un segundo investigado. Este hombre, residente en la localidad de Durango (Vizcaya) habría recibido 17 pagos en menos de una semana, por un total de 2.602 euros y procedentes de la cuenta utilizada para las estafas.
También, se determinó que el numero utilizado por un supuesto transportista pertenecía a un ciudadano que resulto ser víctima de una suplantación de identidad y que no tenía relación alguna con los hechos. La residencia de los diez perjudicados se encuentra en las siguientes provincias: Tarragona, Ourense, Alicante, Cuenca, Zamora, Valencia, Barcelona, Sevilla, Ciudad Real y comunidad autónoma de Madrid.
