La Junta de Castilla y León continúa dando pasos en materia forestal para que el desastre de los años 2022 y 2025 no vuelva a repetirse. O para, al menos, eliminar la precariedad laboral que sufren muchos de los trabajadores directamente contratados por la Consejería de Medio Ambiente para apagar los fuegos cuando se producen y para trabajar en su prevención durante el resto del tiempo. Así, la Consejería de Presidencia propondrá mañana jueves a los sindicatos hacer fijos durante todo el año a los trabajadores de incendios forestales, una medida que entraría en vigor el 1 de enero del año que viene y que supone una inversión de 12,6 millones de euros según la información que emana de la administración autonómica. La propuesta se llevará a la Mesa de Negociación de Personal Laboral y Mesa Sectorial de la Función Pública.
Para el personal laboral, la propuesta plantea la transformación del personal fijo discontinuo en personal laboral fijo de la Administración General, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, con la finalidad de que sea efectivo a partir del 1 de enero de 2026. Con ello, los trabajadores que actualmente prestan servicio solo durante determinados meses del año pasarán a desempeñar sus funciones durante los doce meses, garantizando la disponibilidad permanente de medios humanos especializados y mejorando tanto las labores de prevención como la capacidad de respuesta frente a los incendios forestales y las emergencias.
«Además, esta disponibilidad permanente permitirá que la labor de estos profesionales se extienda a situaciones de emergencia de protección civil. Esta nueva naturaleza del dispositivo permite anticiparse a las emergencias y poner al servicio de la ciudadanía una respuesta profesional, rápida y versátil ante cualquier situación de riesgo», argumenta la Junta.
En total, esta modificación afecta a 837 puestos de trabajo distribuidos en tres categorías: 217 puestos de oficial de montes–conductor maquinista, 403 puestos de vigilante de incendios, y 217 puestos de peón de montes y extinción. Afecta, cabe señalar, a los trabajadores que están contratados directamente por la administración, no para la plantilla de algunas de las empresas privadas en las que la Junta lleva décadas derivando el servicio. Estos pasarán, de concretarse las intenciones de la administración, a ser trabajadores públicos en los próximos años, conforme se vayan extinguiendo los contratos con las empresas que han prestado el servicio hasta ahora.
La conversión de los puestos anunciados en personal laboral fijo implica una inversión adicional de más de 12,6 millones de euros, lo que conllevará un coste total definitivo de 22,4 millones para el conjunto de los 837 efectivos. El incremento equivalente en número de puestos supondría ampliar la plantilla en más de un 130%, lo que representaría unos 1.050 efectivos a mayores, resume la Junta.
Junto a estas categorías, en el operativo también presta servicio el personal laboral de la categoría de operador de centro de mando, que ya desarrolla su actividad a tiempo completo. «La modificación de la RPT incluye asimismo 59 puestos de esta categoría: 31 correspondientes a modificaciones y 28 de nueva creación, completando así una reorganización integral orientada a dotar de mayor estabilidad, eficacia y profesionalización al dispositivo autonómico de prevención y extinción de incendios», viene a concluir la administración regional.
