La tasa de basuras se ha convertido ya oficialmente en un quebradero de cabeza para los ayuntamientos, sobre todo para los de mayor tamaño. En abril se cumplió el plazo establecido por la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular, para que todos los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes cuenten con una tasa de basuras que refleje el coste real de este servicio, se mejore la gestión de los residuos y quien más ensucie y menos recicle pague más por el servicio.
Una cuestión que trae de cabeza a los servicios jurídicos. Y es que de momento nadie ha aclarado a los ayuntamientos cómo medir eso de que «quien ensucia más, paga más». No se sabe si debe ser por los metros cuadrados de una vivienda, por las plantas que tenga, por la gente que viva en ella, por el negocio que mantenga, por el consumo de agua o de otros consumibles… Nada. Diversos ayuntamientos del país han comenzado ya a aprobar ordenanzas «a ciegas», siendo ellos mismos los que establecen los criterios mediante los cuales se penaliza a quien más ensucia, y casi todas las ordenanzas están acabando de forma casi irremediable en los tribunales porque, precisamente, los criterios escogidos para establecer la tasa no parecen objetivos.
En Zamora capital, de momento, el equipo de Gobierno ha optado por una estrategia inmovilista que aún hoy se mantiene. Ya se dijo en los plenos municipales del año pasado: no se va a modificar la tasa de basuras hasta que haya unas instrucciones a las que atenerse para determinar cuánto deben pagar las viviendas o locales. Mientras, rige lo que ha venido rigiendo durante los últimos años, 70 euros para las viviendas (que es lo que se paga desde 2023). Una cifra que aumentará, de eso hay pocas dudas, por la obligación de la nueva ley, que establece que la tasa debe cubrir el coste real del servicio. Lo que nadie se atreve a asegurar es en cuánto aumentará y cuándo lo hará. «Ya se dijo en su momento que no íbamos a hacer nada por la posibilidad de que luego hubiera que cambiarlo al no haber seguido el camino correcto», reafirma el concejal de Hacienda, Diego Bernardo, que este martes presentará junto con el alcalde el proyecto de presupuestos del Ayuntamiento para el año que viene. Un extremo que también ha sido confirmado por el alcalde en repetidas ocasiones.
La cuestión ha vuelto a formar parte de la actualidad después de que la asociación de usuarios Facua incluyera a Zamora en la lista de ciudades en las que los contribuyentes, dice la agrupación, podrían reclamar la tasa de basuras que están pagando desde el mes de abril por considerar que no se ajusta a la legalidad. En el caso de Zamora, por no haber modificado la tasa, aunque lo más común es que los ayuntamientos que la han aumentado lo hayan hecho, advierte Facua, sin «justificar económicamente por qué se sube y cuánto» y qué mejoras se incluyen desde el punto de vista medioambiental. «La tasa debería ir acompañada de mejoras en la separación, recogida y tratamiento de los residuos domésticos para conseguir una disminución de los residuos, incentivando las conductas que reduzcan su volumen, la recogida separada de las diferentes fracciones para su tratamiento y reciclado y estableciendo sistemas de pago individualizados por generación», asegura la agrupación de consumidores.
«En Zamora, la ordenanza fiscal impone una cantidad fija a cualquier vivienda residencial sin incluir los elementos obligatorios de cuantificación del tributo (número de personas que viven en un inmueble, cantidad de residuos generados, porcentaje de residuos separados correctamente…). Así, no cumple con las exigencias de la Directiva europea y de la Ley 7/2022 y puede provocar innumerables situaciones injustas y desproporcionadas en las que el importe que tenga que pagar el contribuyente no se corresponda con el servicio que efectivamente está recibiendo», concluye Facua.
El Ayuntamiento, por contra, entiende precisamente que este argumentario de la agrupación de usuarios le da la razón en la manera de actuar que se ha seguido en los últimos meses. Al no haber criterios fijos y objetivos para modificar la tasa, y en lugar de subirla de forma azarosa, lo mejor, argumentan desde el Ayuntamiento, es mantenerla sin cambios hasta que la normativa ofrezca alguna certeza para que la Ordenanza no acabe, como está siendo norma en muchos puntos de España, en los tribunales.
Benavente sí la ha modificado
El segundo Ayuntamiento en importancia de la provincia sí que ha actualizado su tasa. Lo hizo, oficialmente, en agosto de este año. La tasa refleja un detallado apéndice donde se divide a los inmuebles en viviendas y locales y donde se aplica una tasa en función del uso del local en cuestión. Así, una carnicería de menos de 50 metros paga 39,60 euros al año y un supermercado, 165, por poner un ejemplo. La nueva normativa se aplica desde julio de 2025 y tiene por objeto que, efectivamente, quien más ensucie, pague más. Otra cosa será si los criterios que se han seguido son o no los correctos, algo que nadie se encargado de aclarar.
Aunque no están obligados por la ley, también son muchos los pequeños ayuntamientos de la provincia que durante los últimos meses están modificando su tasa de basuras para hacerla más eficiente. Lo hizo, por ejemplo, Villalpando en el mes de mayo, diferenciando también viviendas, comercios, supermercados, talleres o bares y cafeterías para establecer unas u otras cantidades. Mismo criterio que han seguido en Cubo de Benavente, estableciendo unas cantidades determinadas para viviendas, otras para negocios y otras para empresas, dependiendo del número de trabajadores. Donde la actividad económica es menor, como en Ferreras de Arriba, la cuestión es más sencilla (aquí, 70 euros para viviendas y 100 euros para el resto de inmuebles). Criterios, en suma, dispares, que aún nadie ha aclarado y que tienen la tasa de basuras, hoy por hoy, en un limbo legal que abre la puerta a que los consumidores reclamen y, puede ser, a que un juzgado les dé la razón.
