La realidad sobre el terreno suele ser más reveladora que los informes, pero esta vez hay coincidencias que permiten apuntalar con los documentos lo que se percibe en los pueblos. El Plan 130 de medidas contra la despoblación trazado por el Gobierno de España presenta «carencias de diseño y de medios que han limitado la intervención específica sobre los territorios en riesgo de despoblación». Así lo ha indicado el Tribunal de Cuentas en el informe sobre la actuación estatal que ha hecho público hace unas semanas.
En ese mismo documento se constata que existen territorios particularmente afectados por el problema. De hecho, hay ocho provincias en España en las que más de un 80% de los municipios están en riesgo de despoblación. No le costará adivinar al lector que Zamora es una de ellas, junto a Soria, Teruel, Cuenca, Guadalajara, Palencia, Burgos y Ávila. El órgano fiscalizador lo señala y le pide más y mejores actuaciones al Gobierno para combatir el deterioro demográfico de las comarcas castigadas.
De hecho, el Tribunal de Cuentas le hace varias recomendaciones específicas al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), con el fin de que la nueva estrategia nacional frente al reto demográfico, impulsada en 2025, mejore el diseño de la estrategia actual, «a la vista del marco organizativo y de los resultados».
Para el órgano, la nueva estrategia debería definir los objetivos de la política pública y de las intervenciones para el desarrollo rural, la cohesión territorial y social y la lucha contra la despoblación; tendría que medir los indicadores de las brechas de desigualdad territorial y analizar la evolución de la población; habría de fijar los criterios para la clasificación de municipios según los riesgos de despoblación y las brechas de cohesión; y habría de alinearse con la Agenda 2030 y con un trabajo conjunto entre las instituciones implicadas.
Más allá de eso, el Tribunal de Cuentas señala que el Plan 130 se dirigió genéricamente a los municipios pequeños, sin incluir medidas específicas para aquellos que presentaban riesgo de despoblación, y critica que «no contó con presupuesto propio, sino con una estimación de 10.000 millones de euros para el periodo 2021-2023, cuantía que se revisó al alza», pero que siguió sin definirse.
Marco legislativo
Además, para el órgano fiscalizador, existen incoherencias en el diseño y en los objetivos de un plan que, además, «no desarrolló indicadores que posibilitaran su seguimiento y evaluación». Desde el Tribunal de Cuentas entienden que se debería actualizar el marco legislativo, crear un estatuto básico de los pequeños municipios y dar más margen de actuación a la Secretaría General para el Reto Demográfico, ahora lastrada por su propio «rango orgánico».
Por otra parte, el órgano recuerda que el Miteco no ha creado el Observatorio del Reto Demográfico y lamenta la escasa relevancia de las medidas para facilitar el acceso a la vivienda o favorecer la movilidad sostenible, «factores que las partes interesadas consultadas consideran prioritarias para la lucha contra la despoblación».
