Los bomberos forestales podrían ir a la huelga si, como censuran desde el sindicato CSIF, la Junta de Castilla y León lleva este jueves al Consejo de Gobierno el plan de medidas de mejora del operativo de incendios forestales, «un proyecto de decreto-ley que no se ha negociado y que cuenta con el rechazo frontal de toda la representación de los trabajadores», dice el sindicato.
CSIF insiste al consejero de Presidencia, Luis Miguel González Gago, que aproveche una “ultima oportunidad” de alcanzar un acuerdo, y anuncia que celebrará asambleas para valorar la convocatoria de una huelga, “porque los bomberos forestales y los agentes medioambientales todavía no han olvidado lo sufrido el pasado mes de agosto”.
El responsable del sector de la Administración General de la Junta de CSIF en Castilla y León, Agustín Argulo, insiste en que el proceso de diálogo y negociación sobre la mejora del operativo de incendios, «que se estaba produciendo a la vez que se desmontaba el operativo», ha sido “un despropósito” desde que se celebró el primer encuentro con los sindicatos el pasado 23 de septiembre. Las posteriores reuniones en octubre «se han llevado a cabo con precipitación, no se ha aportado documentación a tiempo a los representantes sindicales, la administración no ha valorado las alegaciones, y todo parece ser un plan ya preestablecido para simular un diálogo y una negociación que no ha sido real, con el fin de imponer unos criterios, y vender a la ciudadanía la imagen de que la Junta va a transformar un modelo de operativo que se mostró incapaz de gestionar adecuadamente los incendios de este verano», indican desde el sindicato de la función pública.
CSIF apunta que va a iniciar contactos «con todas las fuerzas políticas para mostrarles los efectos negativos de ese decreto-ley que la Junta pretende sacar adelante, a pesar de la oposición de toda la representación de los trabajadores y trabajadoras del operativo» . El colectivo asegura que «no mejoran las condiciones ni de loa bomberos forestales ni de los agentes medioambientales y forestales» y exige a la Junta que ponga “de verdad” un operativo 100% público durante todo el año para realizar trabajos de prevención, extinción o vigilancia, según lo que marca la normativa nacional desde el año 2022.
