Las empresas que durante años se han encargado de las labores de prevención forestal y extinción de incendios en Castilla y León por delegación de la Junta de Castilla y León, que ahora verán reducida su actividad a la nada (la administración ha anunciado que todo el operativo será público de aquí a tres años) defienden su papel en la gestión de los montes. Expulsar al sector privado, dice Asemfo (Asociación Nacional de Empresas Forestales), no es una decisión «que tenga nada que ver con el monte, ni con la prevención de incendios ni con la eficiencia. Tiene que ver con lo único que parece importarles a algunos políticos cuando huelen las urnas: salvar su sillón, aunque sea a costa de quemar el futuro de toda una comunidad».
En un duro comunicado en el que acusan a Alfonso Fernández Mañueco de «populista y ruin» las empresas aseguran que «renunciar a la experiencia» del sector privado es algo que no ven justificado. «Hasta hace unos meses defendían justo lo contrario. Sabían que la colaboración público-privada era la fórmula más eficaz, moderna y económica. Pero cuando el miedo a las urnas aprieta, la coherencia desaparece y se impone la política del miedo: contentar a los sindicatos, centralizar el control y lanzar un mensaje “progresista” para sobrevivir a la próxima cita electoral», lamentan las mismas fuentes.
El operativo será ahora, dicen, «más caro» al no contar con empresas «que llevan treinta años cuidando los montes, invirtiendo en maquinaria, formando a profesionales y garantizando resultados. Su recompensa: el desprecio. Su pecado: no tener carnet político», dicen.
«Este cambio no obedece a ningún plan forestal serio, sino al pánico a perder votos. Es puro oportunismo electoral, una maniobra de supervivencia política a costa de un sector que era ejemplo en toda España», aseguran, pese al hecho de que los salarios en las empresas privadas para trabajadores que prestaban servicios similares a los contratados por la administración pública era evidentemente inferior.
