El Consejo de Gobierno extraordinario celebrado hoy ha acordado, a propuesta de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, solicitar al Gobierno de España la declaración de zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil para los municipios de la comunidad afectados por los incendios forestales acaecidos en el periodo que comprende los meses de verano de 2025.
La Agencia de Protección Civil y Emergencias ha declarado, en diversos períodos del verano de 2025, la alerta por meteorología adversa por las altas temperaturas que se podían alcanzar en todas las provincias de Castilla y León y mantenerse en el tiempo de forma más prolongada a lo habitual para la época. Desde que la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal declarara el 1 de agosto la situación de alerta por riesgo meteorológico de incendios forestales, extensos terrenos de la comunidad están siendo devastados por numerosos incendios.
El 12 de agosto se declaró la situación operativa 2 del INFOCAL en la Comunidad, ante la emergencia provocada por la simultaneidad temporal de incendios forestales IGR-2 de especial gravedad que afectan significativamente a varias provincias de Castilla y León. La declaración de la situación operativa 2 implica que la dirección del INFOCAL es asumida por el Centro de Coordinación Operativa Integrado Autonómico (CECOPIA), formado por el titular de la Consejería competente en materia de incendios forestales y el titular de la Delegación del Gobierno en la Comunidad. En este órgano se integran las autoridades de las administraciones implicadas a nivel autonómico y se coordina la labor de los distintos CECOPI provinciales.
Motivación de la declaración de emergencia
Algunos de estos incendios han sido significativamente virulentos con consecuencias dolorosas sobre la población, con fallecimientos, personas con heridas por quemaduras de gravedad y más de 8.000 desalojados de sus hogares, una cifra que seguramente se quede corta. A estos efectos personales se suman los graves daños en los bienes materiales, la superficie arbolada, y las explotaciones agrícolas y ganaderas afectadas.
«Por los hechos descritos, concurre en los municipios afectados la circunstancia de catástrofe definida en Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil», explica la Junta, «como una situación o acontecimiento que altera o interrumpe sustancialmente el funcionamiento de una comunidad o sociedad por ocasionar daños e impactos materiales cuya atención supera los medios disponibles de la propia comunidad». Esta norma prevé que, cuando se produzca una emergencia cuya magnitud requiera para su recuperación la intervención de la Administración General del Estado, se aplicarán medidas cuando se produzca la declaración de emergencia, en los términos que apruebe el Consejo de Ministros.
