El servicio de asesoramiento de la Comisión Europea estima que la supresión de paradas que Renfe aplica en Castilla y León (que afecta fundamentalmente a Sanabria, pero también a Medina del Campo y Segovia) puede menoscabar el deber del Gobierno de España de fomentar el desarrollo territorial de las zonas rurales, así como un abandono de sus funciones en lo relativo a cohesión social y territorial. También afectaría a la igualdad de acceso a los servicios públicos que debe imperar en la organización de los mismos y puede suponer, por tanto, «una infracción del derecho de la Unión Europea».
Es la contestación dada por el servicio de asesoramiento «Tu Europa», que depende de la Comisión Europea y que, pese a todo, no es vinculante. Sí es en cambio un importante argumento político y abre la puerta a presentar una reclamación ante la propia Comisión Europea, asegura el coordinador de Podemos en Castilla y León, Miguel Ángel Llamas. La formación morada, que es la que ha presentado la petición ante el servicio de asesoramiento europeo, da no obstante «quince días» al Gobierno de España para que «rectifique» y devuelva las frecuencias suprimidas y no hacer «uso político» del escrito recibido desde los servicios jurídicos. Si no hay rectificación se empezarán a estudiar otras medidas, asegura Llamas.
La supresión de frecuencias del tren entraría en conflicto con varios puntos de los tratados europeos. Por ejemplo, con los artículos 174 a 178 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que habla de «reforzar la cohesión económica, social y territorial» de los países «con especial atención a las zonas rurales, con baja densidad de población y a las regiones en proceso de transformación estructural, como Sanabria y otras zonas de Castilla y León».
«Reducir o eliminar paradas del AVE, especialmente cuando la infraestructura fue cofinanciada con fondos de la Unión Europea para fines de cohesión, puede frustrar el impacto previsto y constituir un uso indebido o una aplicación incorrecta de la infraestructura financiada por la UE», aseguran los servicios jurídicos al hilo de la reclamación presentada por Podemos.
Además, el texto incide en que la supresión de paradas «niega a los residentes en las zonas rurales la igualdad de acceso a las infraestructuras esenciales financiadas con fondos públicos» e insiste en que la eliminación de frecuencias «solo en zonas específicas, las rurales o menos rentables, podría plantearse como una discriminación territorial en el acceso» a los servicios públicos. «A la luz de lo expuesto, es posible que la supresión de paradas sea incompatible» con ciertas normas continentales, concluyen los expertos.
