La Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León tendrá que pagar el salario de ocho semanas a un funcionario que solicitó disfrutar del permiso parental para cuidar a un hijo menor de ocho años. Es la primera vez que un juzgado (lo ha hecho un tribunal de Valladolid) reconoce el derecho de un trabajador de la comunidad a percibir el salario durante el disfrute de este permiso, lo que abre la puerta según CSIF, sindicato cuyos abogados han llevado el asunto, a que otros trabajadores, ya sean del ámbito público o del sector privado, reciban ingresos mientras piden el permiso para cuidar de menores a cargo.
El juzgado reconoce el derecho a disfrutar del permiso parental de ocho semanas con el salario completo y todas las cotizaciones sociales, anulando así la negativa de la Junta de Castilla y León a abonar ese dinero. Es la primera sentencia firme (nº 159/2025) que se gana sobre este derecho -reconocido por la Unión Europea- en la comunidad.
En este caso particular, aunque la Junta autorizó el disfrute del permiso, negó la remuneración del mismo. Ahora, la sentencia (de 30 de junio de 2025, firme y sin posibilidad de apelación) anula las resoluciones administrativas de la Junta y deja claro que la Directiva Europea 2019/1158, relativa a la conciliación de la vida familiar y laboral, es directamente aplicable en España desde agosto de 2022, pese a que el Estado aún no la haya traspuesto plenamente a nuestro ordenamiento jurídico. Es decir, entiende que las personas que hayan disfrutado del permiso parental desde hace tres años y que no lo hayan visto retribuido podrían reclamar el dinero a sus empleadores.
El juzgado recuerda, además, que otras resoluciones judiciales, como la del Juzgado número 17 de Barcelona en junio de 2025, han fallado en el mismo sentido. “En definitiva, CSIF está abriendo un camino claro para que los empleados públicos y, por extensión, también los del sector privado, puedan exigir que este permiso sea retribuido”, afirma CSIF.
