El acceso a la vivienda se ha consolidado en los últimos años como un problema que no solo afecta a las zonas urbanas tensionadas, sino también a los municipios de la España despoblada, aunque por distintas razones. Si en las ciudades el conflicto está sobre todo en la escalada de precios favorecida por varios factores, en los pueblos lo complicado es directamente encontrar una casa para vivir. Sobre todo si uno trata de alquilar. No es que no haya inmuebles, sino que los propietarios no los ponen a disposición.
Este es uno de los problemas que se reflejan de forma evidente en las aportaciones realizadas por particulares, asociaciones o ayuntamientos a la consulta pública previa de la nueva estrategia nacional para la equidad territorial y el reto demográfico de cara a 2030. El Ministerio dirigido por Sara Aagesen recogió, durante el pasado invierno, cerca de 200 propuestas cuyo contenido general incluye varios ejes: entre ellos, en primer plano, la vivienda.
Dentro de ese capítulo, una de las propuestas que llaman la atención es la posibilidad de crear un censo de viviendas vacías y un «ruinastro». Es decir, un catastro, pero solo de casas en ruinas. Los participantes en la consulta entienden que conviene saber cuál es el escenario en cada zona para proceder, llegado el caso, a las expropiaciones con el fin de habilitar parques de viviendas en el medio rural.
Según algunas de las aportaciones, cuya procedencia no se aclara en el documento publicado por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, en estos momentos existe un problema con la vivienda a la hora de acoger a nuevos pobladores, pero también de que se mantengan en los pueblos los jóvenes que ya viven en ellos y que carecen de alternativas de alquiler. En muchos casos, solo cabe residir con los padres y luego comprar.
El Ministerio aclara que, «a nivel individual, se trata de la problemática que más menciones merece, con un total de 72 participantes identificándola como el principal reto de los municipios de pequeño tamaño». Todo, en un contexto en el que sí se perciben tendencias positivas sobre el retorno a lo rural que se topan precisamente con este problema de una oferta que se queda corta.
Aparte de las expropiaciones y del «ruinastro», también existen otras alternativas planteadas en la consulta, como la creación de espacios de coliving para la instalación temporal de personas que tengan dificultades de acceso a una vivienda permanente o la instalación de viviendas prefabricadas que se adapten a las necesidades de los nuevos pobladores.
Aún así, las alternativas se centran sobre todo en la puesta a disposición de las casas que ya existen, a través de la citada medida más contundente de la expropiación o mediante ayudas a la rehabilitación, fomento del alquiler rural o la creación de una agencia pública que ponga en contacto a los interesados con los dueños de las viviendas.
Otras medidas
Más allá de la vivienda, la participación pública ha permitido poner sobre la mesa otras propuestas de distinta índole, entre las que destacan, por ejemplo, el fomento del teletrabajo hasta el punto de que los funcionarios que vivan en municipios de menos de 5.000 habitantes puedan tener un 90% de trabajo telemático.
Los participantes en la consulta también creen que una semana laboral de cuatro días favorecería las estancias largas en segundas residencias y consideran que se necesitan incentivos fiscales para trabajadores que se muevan a los pueblos. Uno de los objetivos que se plantean en el documento es asentar a 200.000 personas en municipios de menos de 5.000 vecinos durante los próximos cinco años.
