El colectivo Viriatos Zamora ha anunciado que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 5 de Zamora ha emitido un auto por el que «acuerda incoar diligencias previas al observar la posible existencia de un delito sin especificar» en el caso de la supresión de trenes de Sanabria. Esto supone, según la asociación, que el proceso pase a manos de la Fiscalía.
El nuevo escenario implica «un avance» del proceso judicial iniciado por Viriatos junto a Agrygalza, Terra Sostenible y UPL. «El juzgado sí considera ahora que existen elementos suficientes para iniciar una investigación judicial más profunda. La Fiscalía será la encargada de determinar la naturaleza exacta del presunto delito y las responsabilidades», han señalado los denunciantes.
«Estamos satisfechos con este auto, que confirma lo que veníamos denunciando: la supresión de estos servicios de AVE va más allá de una decisión administrativa y podría constituir un ilícito penal», han manifestado los representantes de las organizaciones., que consideran que «es una victoria inicial para los ciudadanos de Sanabria y la comarca, que ven cómo la justicia toma en serio la gravedad del abandono de un servicio público esencial».
Los argumentos de los denunciantes
Las organizaciones denunciantes han insistido en que la eliminación de las paradas del AVE de las 8.46 y 9.35 de la mañana (salida desde Otero de Sanabria) y la llegada de las 8.15 horas supone un grave perjuicio para el acceso a servicios tan fundamentales como la sanidad y la educación en la comarca. Además, subrayan que la línea de AVE Madrid-Velocidad Española entre Madrid y Zamora, y desde diciembre de 2022, está declarado como Obligación de Servicio Público (OSP), lo que implica una garantía de servicio que, aseguran, «Renfe no está cumpliendo, a pesar de recibir compensaciones millonarias del Gobierno».
Los colectivos confían en que la intervención de la Fiscalía y las diligencias previas sirvan para esclarecer los hechos y obliguen a Renfe y Adif a «restablecer de inmediato los servicios suprimidos en Otero de Sanabria, garantizando así los derechos fundamentales de los ciudadanos de la comarca y la continuidad de unos servicios públicos indispensables».
