A primera hora de la mañana, ya era imposible entrar o salir de Zamora sin viajar prácticamente una hora detrás de un tractor. En cada carretera, por cada vía principal o secundaria, aparecía un agricultor para frenar el paso. Ocurrió el 6 de febrero de 2024, hace justo un año, y ese cerco a la ciudad simbolizó el estallido del enfado del sector primario en la provincia. Ya se habían producido protestas en los días anteriores, pero ninguna como esa.
Desde la aparición de los primeros rayos de sol, el goteo fue continuo: por todas las vías de acceso a la ciudad se presentaron trabajadores y pequeños empresarios del sector primario para quejarse por la situación del campo. Fueron unos 500 tractores. Casi todos se encontraron en el aparcamiento de Ifeza, y de ahí se marcharon a las autovías de entrada y salida de la ciudad y hasta lugares como el camino viejo de Villaralbo.
La ciudad quedó rodeada, algunas personas se vieron obligadas a caminar por las carreteras para poder llegar a sus destinos, y centenares de rutinas quedaron alteradas. Ese era el objetivo. En la parte negativa, las quejas de algunas personas acerca del peligro de bloquear de ese modo los accesos a la ciudad ante la posibilidad de una emergencia sanitaria. Hubo quien insistió en ese lamento a lo largo de toda la jornada.
Por lo demás, algunos de los manifestantes se quedaron en las carreteras, cerca de la capital; y otros se marcharon a la Subdelegación del Gobierno para trasladar sus demandas a la institución que les podía conectar con quien toma las decisiones. Por su parte, algunos más se repartieron por otros puntos de la provincia. En la A-6, a la altura de Paradores de Castrogonzalo, hubo hasta tres kilómetros de retenciones. También hubo cortes intermitentes en la A-62, cerca de Castrillo de la Guareña, o en varias vías nacionales como la N-122.
Solo el final del día provocó la retirada de los tractoristas, que exigieron durante toda la jornada medidas para que sus explotaciones fueran rentables, la eliminación de trabas y la defensa del producto nacional frente al importado de otros continentes.
La protesta de ese 6 de febrero supuso el punto álgido de las movilizaciones en la ciudad, aunque las manifestaciones continuaron durante los siguientes días, y todavía hubo algunos cortes de carretera. El que todo el mundo recuerda se produjo un mes más tarde, de nuevo en Paradores de Castrogonzalo, y fue el que dio lugar a la intervención de los antidisturbios y a las denuncias para varios de los agricultores que supuestamente accedieron aquel día a la A-6.
La actuación de la Guardia Civil resultó disuasoria. Por la contundencia y por la firmeza a la hora de identificar y denunciar a casi una veintena de personas. Ya en octubre, varios de ellos tuvieron que declarar en los juzgados de Benavente, y aún siguen a la espera de conocer si reciben una sanción por lo sucedido aquella noche. La mayoría niega que estuviera presente en la A-6 en el momento en el que se produjeron los hechos.
Lo cierto es que, desde aquel episodio, las protestas fueron perdiendo fuerza. En parte, ya estaba previsto. El sector se asomaba a una época de más trabajo de cara a la primavera. Ahora, de nuevo en temporada baja, se esperan nuevas protestas, pero probablemente de menor entidad que las registradas en 2024. Eso sí, asociaciones como Agrygalza, revitalizada tras aquellas tractoradas convocadas por redes sociales, aspiran a mantener el pulso: «No te rindas, aún no es tarde», han advertido esta misma semana a través de sus redes sociales.
Movilizaciones desde el 10 de febrero
Por lo pronto, la idea de algunos colectivos de agricultores es retomar las movilizaciones a partir del 10 de febrero en distintos puntos de la provincia. Las manifestaciones no serán esta vez multitudinarias, para no generar problemas de orden público ni enfrentarse a sanciones administrativas, pero se celebrarán en «pequeños grupos» de no más de veinte tractores que se reunirán en cabeceras de comarca de las provincias y condicionarán la circulación en la medida de lo posible durante varias horas.
El sector considera que no ha habido avances significativos en su situación desde las protestas de hace doce meses. Los colectivos insisten en que se están firmando acuerdos comerciales que suponen una «competencia desleal» y estiman que «las limitaciones medioambientales radicales e innecesarias acrecientan aún más esa desventaja».
