Son energías renovables, que fomentan la descarbonización, preparadas para «hacer el bien y no para molestar» y que ofrecen «muchas oportunidades». Esta es la postura oficial de la Junta de Castilla y León sobre las plantas de biogás que hay proyectadas en Zamora y en Castilla y León, cerca de setenta en este último caso según los datos dados hoy por el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones. Las plantas, insiste el consejero, tienen una «altísima tecnología» y están preparadas para «aprovechar los residuos orgánicos» que se generan en la zona. Son, para la Junta, «energías renovables».
Suárez Quiñones, preguntado por la posición de la Junta ante quejas vecinales como las que auspician la manifestación prevista para este sábado en Zamora, asegura que hay «bastante desconocimiento» con respecto a la naturaleza de las plantas de biogás. «Es labor de las empresas y de la administración combatir ese desconocimiento, que a veces se traduce en informaciones tendenciosas provocadas por el lógico miedo que pueda existir» a las consecuencias de la implantación de la industria.
El consejero avanza además la tramitación de un Plan Regional de Ámbito Territorial que regule la implantación del biogás en la comunidad, habida cuenta de que Castilla y León se ha convertido en la región con más proyectos puestos sobre la mesa en estos momentos. «Analizaremos las actuaciones, los requisitos y los lugares en los que estas plantas van a poderse establecer, incrementando las garantías para la ciudadanía y para los propios promotores».
Suárez-Quiñones pide por lo demás «confiar en los funcionarios públicos» porque «son ellos los que dictaminan» si los proyectos cumplen o no las leyes vigentes. «Esto no es una cuestión política, es un tema administrativo. Si una planta tiene autorizaciones es porque cumple los requisitos», apunta el consejero. El responsable de Medio Ambiente concluye que Castilla y León tiene «una masa crítica importante para producir energía en base a este tipo de masas orgánicas» y añade que los proyectos presentados «se encuadran en la lógica libertad de empresa» y no están impulsados por la Junta.
