El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León declara ilegal la caza de 58 lobos en Zamora entre las dos temporadas de caza 2019-2020, 2020-2021. Durante esos años se cazaron en Zamora, según el cupo que se aprobó, diez lobos en los cotos de Aliste (cinco en cada una de las dos temporadas), 24 en la reserva de la Sierra de la Culebra, 12 en los cotos de Sanabria y 12 más en Benavente y Los Valles. No se autorizó actividad cinegética en los cotos de Campos-Pan en ese periodo. En realidad, lo que la sentencia declara ilegal es el cupo de caza de cánidos para las temporadas que van desde 2019 y 2022. En la 2021-2022 había aprobado un cupo de caza de 29 lobos en Zamora que no se llegó a ejecutar al prohibirse la caza del cánido en septiembre de 2021.
Es la implicación en Zamora de la declaración de ilegalidad de la caza de 339 animales autorizada por la Junta en aquellos años, recurrida judicialmente por la Asociación para la Conservación y el Estudio del Lobo Ibérico, que ahora recibe una sentencia judicial a favor. Una sentencia, argumenta Ascel, que «implica el fin del periodo ambiental trágico» en el que la Junta, desde el año 2008, autorizó la muerte total de 1.847 lobos.
La agrupación apostilla que la Junta acumula «un increíble relato de fracasos en 16 años de decisiones judiciales en su contra», desde el primer plan de gestión del lobo, del año 2008, a la última sentencia. Entre medias, se han anulado cupos de varios años y se dictó también sentencia desfavorable del segundo plan de gestión, del año 2016. Lo que la sentencia más actual viene a decir es que los lobos no son de Castilla y León y, por tanto, la Junta no puede autorizar caza alguna de un animal que no le pertenece.
Desde ASCEL piden que los responsables «de la pésima e irresponsable gestión del lobo en Castilla y León asuman, en primer lugar, su responsabilidad en haber aprobado matar centenares de lobos (los últimos 124 ejemplares, a raíz de dicho Plan de caza entre 2019-2022), y en segundo lugar, reconozcan su deuda con los ciudadanos por mentir sistemáticamente sobre el estado de conservación del lobo (desfavorable e inadecuado, como le han tenido que recordar desde los tribunales)».
Ascel pide desde el año 2000 que el lobo sea una especie totalmente protegida y que su gestión se cimente en base a la importancia ecológica, como sucede con otras especies como el lince ibérico o el oso pardo. «No hay futuro en Castilla y León si no se respeta el patrimonio natural de todos y si no se antepone éste a los intereses económicos de aquellos que, teniendo ganado, se empeñan repetidamente en no cuidar adecuadamente el mismo, incumpliendo la Ley de forma sistemática», concluyen.
