El Ayuntamiento de Zamora ha recibido una sanción de 36.012 euros del Servicio de Industria, Comercio y Economía de la Junta de Castilla y León por la «no subsanación de las deficiencias detectadas tras una inspección o comprobación cuando comporta un daño o riesgo grave para las personas, los bienes y el medio ambiente». Se trata, indican los populares, de las inspecciones en doce centros de Zamora «de los que es titular el Ayuntamiento de Zamora» y, por tanto, «es responsable de las instalaciones y está obligado a aportar la documentación relativa a la inspección periódica con resultado favorable».
Dicen los populares en una nota de prensa que el expediente se inicia el 4 de julio de 2023 pero que no es hasta el 13 de febrero de 2024 cuando el Ayuntamiento remite al Servicio de Industria de la Junta los informes. «Es decir, no presentó las actas de revisión periódica de las instalaciones eléctricas de los centros de educación hasta más de ocho meses después de iniciado el expediente».
La explicación municipal
El concejal encargado del área, Pablo Novo, atribuye a un «fallo funcionarial» en una época en la que «coincidieron varias bajas en el servicio» el hecho de que el expediente no se cursara en plazo y que las deficiencias observadas en la instalación, que las había aunque de «ninguna peligrosidad», no se resolvieran cuanto antes. La responsable del servicio se ha encargado de elaborar un contrato con una empresa de electricidad que ha solucionado las cuestiones pendientes y elaborado los informes pertinentes, asegura Novo.
«Había cuestiones que se tendrían que haber modificado y no se hizo en plazo», reconoce Novo, que no da detalles sobre cuántos centros se encontraban en esta situación. Las deficiencias fueron detectadas a final del curso pasado.
El concejal asegura que el servicio de reparación funciona «correctamente» y recalca que «deficiencias como la sustitución de pomos en las puertas, fugas de agua o cambio de luces se realizan de forma ágil». Algo que, reconoce, no ha sucedido con la última inspección, que se ha zanjado con una importante multa.
«Esto demuestra dejadez»
Jesús María Prada, portavoz del Grupo Popular, ha pedido ya acceso al expediente para conoce los pormenores del asunto y muestra su «preocupación por la dejadez municipal en un tema tan sensible como es el control de las instalaciones eléctricas, más aún tratándose de centros educativos, por lo que pedirá explicaciones en la próxima Comisión de Educación y Cultura».
En dicha comisión, aseguran las mismas fuentes, «no se ha dado información del expediente ni de la sanción», que se pagará. De hecho, la multa se ordenó pagar mediante decreto el pasado 26 de marzo, sin que en el texto de la resolución se haga observación alguna a posibles recursos a la misma.
