En la noche electoral del 13 de febrero de 2022, a la derecha le salían las cuentas. Los escaños del Partido Popular y de Vox rebasaban por tres el listón de la mayoría absoluta, por lo que la alternativa más evidente para formar un Gobierno se hallaba en esta suma. Lo que ocurría entonces era que aquel se trataba de un pacto todavía por explorar. No es que hubiera un cordón sanitario, pero tampoco existían precedentes de Ejecutivos autonómicos entre el PP y la formación ubicada a su extremo.
Han pasado dos años de aquella jornada electoral que puso a Castilla y León ante la tesitura de convertirse en el primer escenario donde el PP y Vox compartían responsabilidades de Gobierno en este nivel territorial. Las dos formaciones tardaron 25 días en entenderse, en medio de la crisis que se llevó por delante a Pablo Casado en la dirección popular, pero lo hicieron a cambio de que los de Santiago Abascal se quedaran con las consejerías de Agricultura, Cultura e Industria, con la Presidencia de las Cortes y con la Vicepresidencia sin atribuciones para Juan García-Gallardo.
A partir de ahí, desde la primavera del 22, la coalición echó a rodar con la sombra de un posible adelanto electoral sobrevolando permanentemente la comunidad. El PP ha tenido que sortear varias exigencias, encontronazos y polémicas generadas por sus socios, pero ha seguido adelante a pesar de las posiciones de Vox en lo referente a las políticas de género, a la memoria histórica o al aborto.
Particularmente serio fue el jaleo que se generó en torno a ese último asunto en enero de 2023, cuando García-Gallardo propuso que los médicos estuviesen obligados a ofrecer a las mujeres embarazadas que estuvieran pensando en interrumpir la gestación una ecografía en 4D y la escucha del latido fetal. Aquí, el pacto entró en una fase de zozobra de la que terminó por salir indemne.
Más pactos
Las Elecciones Autonómicas de la primavera del 23 en el grueso de las comunidades ayudaron a terminar de pasar ese trago, con pactos como los de Extremadura o Andalucía, que reprodujeron el acuerdo entre el Partido Popular y Vox, acabaron con el aislamiento de Castilla y León como único Gobierno regional con este formato y contribuyeron a dar continuidad a una coalición que resulta evidentemente incómoda para determinados responsables del PP, pero que es la que soportan los números, desde una perspectiva realista.
Con este panorama, mientras gestiona las batallas que considera oportunas para evitar que Vox coja demasiado vuelo, el PP trata de pasar de puntillas por encima de asuntos como el intento de declaración BIC de algunos vestigios de la época franquista, el plan para desmontar el Serla o las declaraciones como las que Gallardo realizó en Zamora sobre «la hipersexualización de la sociedad» como causa de la despoblación.
Mientras todo eso sucede, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, insiste en priorizar «la estabilidad política y la eficacia» desde la óptica de «un Gobierno útil» para mantener la situación actual. El líder del PP ya adelantó elecciones en la legislatura anterior, justo antes de expulsar a Ciudadanos del Gobierno, y aquello solo le valió para cambiar un socio por otro.
Con eso en mente, Mañueco insiste en ese trabajo por «las personas» y centra su discurso en el desarrollo de la comunidad, los logros en Educación, los avances en la conciliación, como la gratuidad de la escolarización en los niños de 0 a 3 años, o los indicadores que sitúan a Castilla y León como líder en materia de Servicios Sociales. Lo que transmite el presidente de la Junta es que dar continuidad a estos temas compensa la presencia de Vox en el Consejo de Gobierno.
Desde la oposición, la mirada hacia la realidad es completamente distinta. El PSOE se está mostrando muy duro con Vox, del que está en las antípodas, y con el Partido Popular por mantener un Gobierno con el partido ultra. Tanto su secretario general autonómico, Luis Tudanca, como la número dos socialista en Castilla y León, la zamorana Ana Sánchez, insisten mucho en calificar a los populares de «rehenes» de sus socios y en situar a Mañueco como «una marioneta de Génova»; como alguien actúa bajo las órdenes constantes de su líder nacional, Alberto Núñez Feijóo.
El Gobierno, visto desde Zamora
Para hablar de los dos primeros años de relación entre el Gobierno del PP y Vox en la Junta y Zamora, no se pueden obviar los incendios registrados en el entorno de la Sierra de la Culebra en el verano del 22. Las 60.000 hectáreas que ardieron en la zona encendieron los ánimos de parte de la provincia, que entendió que existía una responsabilidad por parte del Ejecutivo autonómico. El propio Mañueco recibió golpes en su coche durante aquellos días en Villanueva de Valrojo y más de 5.000 personas salieron a la calle para protestar, con el consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones en la diana.
Calmados aquellos ánimos, y sin que el PP se resintiera en procesos electorales posteriores celebrados en la provincia a nivel municipal y nacional, dicho sea de paso, el foco volvió a centrarse en la gestión. Zamora sigue pendiente del plan de desarrollo para La Raya que comprometió Mañueco hace más de dos años, pero va viendo avances en otras iniciativas de desarrollo financiadas e impulsadas por la Junta.
Hace solo unos días, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, dio casi por inaugurado el nuevo hub de La Aldehuela, que nace para posicionar a Zamora como referente de las empresas dedicadas a la tecnología orientada a los cuidados. Además, en las últimas semanas, se han dado los primeros pasos para poner en marcha el polígono de Monfarracinos, que pretende de igual modo fomentar el desarrollo industrial del territorio.
Las obras en la ciudad también avanzan, con el conservatorio y el centro cívico en el centro de las actuaciones, pero se mantienen algunas demandas en los pueblos, como la construcción de la parte autonómica de la carretera Puebla – Bragança o la mejora de la atención sanitaria en determinadas zonas. Varios grupos de vecinos de Sayago y Tábara siguen manifestándose todos los sábados para exigir más médicos, más consultas y un mejor trato para el medio rural.
Precisamente las localidades más pequeñas están en el foco de lo que ha de ser la nueva normativa específica contra la despoblación que está trazando la Junta, con el citado Quiñones al frente. Zamora mira hacia esta legislación con interés, habida cuenta de que pierde más vecinos que nadie en una comunidad con muchos frentes demográficos abiertos. Ahí estará la lupa de la provincia a medio plazo, del mismo modo que la vista corta se pondrá en los próximos presupuestos, que marcarán la agenda más inmediata del Gobierno autonómico para este territorio.
