Tres trabajadores para gestionar las 1.315 denuncias presentadas en el servicio de Medio Ambiente de Zamora entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2025. Una plantilla a todas luces insuficiente que hace que el «atasco» que se produce en esta sección de la Junta de Castilla y León en Zamora haya obligado a pronunciarse al Procurador del Común. Y es que, indican las mismas fuentes, de las 1.315 denuncias recibidas por el Servicio Territorial durante los tres años analizados (han entrado seis denuncias de media cada cinco días) en 479 no se ha incoado ningún expediente administrativo.
Esto es, en más de una de cada tres denuncias la administración no ha actuado, no siendo posible determinar si hay o no motivos para la denuncia en cuestión. En el resto de procesos sí se han tramitado los expedientes correspondientes, pero 103 han prescrito y seis han caducado. Ello teniendo en cuenta que el de Zamora es uno de los pocos servicios de la comunidad en los que no hay plazas vacantes, pues los tres puestos están ocupados (una situación que solo se da, además de en Zamora, en Salamanca y Ávila). En el resto de servicios territoriales falta personal.
«De los 31 puestos jurídicos existentes en la Consejería, entre servicios centrales y territoriales, cuyas funciones están relacionadas con la tramitación de procedimientos sancionadores en el ámbito medioambiental, 23 están actualmente ocupadas, lo que representa un 74% del total de estas plazas. Respecto a las 8 plazas vacantes en la actualidad, se ha solicitado autorización para su cobertura mediante funcionarios interinos, reiterándose dicha solicitud en el caso de los dos puestos vacantes del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos, y se propondrá su cobertura mediante funcionarios de nuevo ingreso del Cuerpo Superior de la Administración de la comunidad», apunta el Procurador.
Por lo tanto, a fin de solucionar lo que evidentemente es un problema, esta Institución entiende que el órgano competente de esa Consejería debe insistir de nuevo ante el órgano competente de la Administración autonómica para que se produzca la cobertura de los puestos jurídicos vacantes tanto en los Servicios Centrales, como en los Servicios Territoriales, siendo esta necesidad especialmente apremiante y en el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos.
Este problema de prescripción de sanciones y de caducidad de expedientes sancionadores afecta también en menor medida a otras provincias, entre ellas Zamora. En este caso, la Procuraduría considera que se deben adoptar las medidas pertinentes por parte del órgano competente de esa Consejería para modificar la Relación de Puestos de Trabajo existentes con el fin de dotar de más puestos a las Delegaciones Territoriales de las provincias, a fin de que el atasco no sea tan significativo.
