La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León ha contratado recientemente un nuevo servicio externo dedicado a la extinción de incendios que afecta a la provincia de Zamora, ello a pesar de que la propia administración se comprometió en repetidas ocasiones a caminar hacia una prestación pública del servicio, ya fuera directamente a través de la Consejería responsable ya fuera a través de empresas participadas con capital público, como Tragsa. Sin embargo, durante los próximos años continuará la prestación privada de parte del operativo, y no será porque los contratos estaban ya firmados, sino porque también se están rubricando algunos nuevos.
El último formalizado, que se cerró escasos días antes de las elecciones, lleva por nombre «Contratación de servicio de lucha integral contra incendios forestales formado por 5 Unidades de Brigadas y vehículo Autobomba (UBA) integradas por vehículo autobomba forestal pesado de doble cabina y su brigada de especialistas FEDER». Salió a licitación por 3.647.679 euros (sin impuestos) y fue adjudicado por 3.647.600 euros, apenas 79 menos de los presupuestados. Presentarán en servicio, en UTE, las empresas Matinsa, Foresa, Demontes e Infosa, con el 25% de participación cada una de ellas.
Lo que Medio Ambiente ha contratado con esos más de tres millones y medio es una formación de cinco Unidades de Brigadas y Autobombas integradas, cada una, por un vehículo autobomba forestal y su brigada de especialistas, que actuarán en las áreas de trabajo designadas para cada una de las unidades. La principal función será «adaptar el espacio forestal a la defensa contra incendios» y «participar de forma activa en la extinción de incendios forestales en un primer ataque en su zona preasignada».
Una de estas unidades prestará servicio en la provincia de Zamora. Las otras cuatro estarán en Ávila, León, Salamanca y Segovia, aunque puntualmente podrán desplazarse a otros territorios si son necesarias y no tienen urgencia en su zona preferente. Tendrán diferentes exigencias en las distintas épocas del año. Entre el 1 de junio y el 15 de octubre estarán en modo «A», en turnos de trabajo de diez horas diarias en los que se deberá disponer de los trabajadores necesarios para garantizar el servicio. En cualquier caso, los días de servicio elevado dependerán de las circunstancias concretas. Los días de servicio «B» se desarrollarán entre el 13 de octubre y el 14 de junio, pero no se trabajará a diario. Las empresas tendrán que operar durante ese periodo, salvo que causa mayor obligue a lo contrario, 42 días en el año 2026 y 68 en el siguiente ejercicio, en turnos de ocho horas diarias. El resto de los días, no trabajarán.
El contrato incluye los salarios de los trabajadores que prestarán servicio, tratándose de precios mínimos en cualquier caso. Por jornada de diez horas, y teniendo ya en cuenta los pluses de disponibilidad y peligrosidad, los peones ingresarán 176 euros, el jefe de unidad y el conductor, 188 y el técnico, 177 euros. Entre otros cometidos, las unidades trabajarán en terrenos afectados por incendios forestales, realizarán tratamientos silvícolas, mejora de caminos, limpieza de basuras, adecuación de espacios protegidos, quemas controladas o inspección de plagas.
Después de las elecciones el Somacyl licitó otro contrato con prácticamente idéntico concepto pero referido a las cuatro provincias que se quedaron fuera del primero (Burgos, Palencia, Soria y Valladolid). La licitación está todavía abierta y el precio, impuestos incluidos, es de más de 2,5 millones de euros.
