La Junta de Personal del Ayuntamiento de Zamora, órgano que representa a los funcionarios de la casa, ha anunciado la convocatoria «inmediata» de movilizaciones «ante la situación de bloqueo administrativo, falta de transparencia e incumplimiento sostenido de acuerdos con los trabajadores por parte de la Concejalía de Personal», dirigida por Laura Rivera. Una decisión que, explican, «no responde a un conflicto puntual» y sí a una «situación estructural prolongada en el tiempo que compromete los derechos de los empleados públicos y el correcto funcionamiento de la administración municipal». Los funcionarios se han concentrado hoy en el Ayuntamiento de Zamora coincidiendo con la celebración del Pleno ordinario de marzo.
Los funcionarios señalan directamente a la Concejalía y aseguran que, si bien se habría llegado a un acuerdo de mejoras laborales para los funcionarios del Ayuntamiento, «en esas reuniones no se levantó acta» y ahora «se está trabajando», por parte del Ayuntamiento, «en otro sentido». La falta de actas de la negociación colectiva, ha asegurado Amaya Queipo, presidenta de la Junta de Personal, «compromete la seguridad jurídica de los acuerdos», que se quedan en papel mojado si no hay un documento oficial que los refrende. Lo que subyace detrás es la «aplicación de un índice corrector para policías y bomberos en su carrera profesional, que permite que estos colectivos alcancen el nivel último antes de su jubilación». Algo que los funcionarios también demandan para sí mismos. En este sentido, aseguran, se negoció en junio de 2025, sin papeles que lo atestigüen. «Se ha solicitado en reiteradas fechas reuniones para actualizar el Acuerdo Regulador que establece las condiciones laborales, que data de 2010». De momento, asegura la Junta de Personal, sin éxito. También piden adaptar el funcionamiento al «entorno económico social y tecnológico actual», lo que se entiende como una mayor permisividad para que los funcionarios puedan trabajar desde casa.
Aseguran además los trabajadores que el funcionamiento actual de la Consejería de Personal es deficiente. «Presenta actualmente un funcionamiento que dificulta una gestión administrativa eficaz, con acumulación de expedientes sin resolver, falta de respuesta a solicitud y un uso reiterado y abusivo del silencio administrativo. Esta dinámica está provocando judicialización de conflictos con los trabajadores que deberían resolverse internamente, generando costes innecesarios para la administración y la ciudadanía», explica la Junta de Personal Docente.
Los funcionarios exigen, en suma, la formalización de las actas pendientes y la implantación de un registro de actas, la adopción de medidas organizativas «urgentes» para mejorar el funcionamiento de la Concejalía y la ejecución de los acuerdos adoptados, mención expresa para la Relación de Puestos de Trabajo y la carrera profesional, que dejaría mejores condiciones económicas para el colectivo.
