El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Zamora ha perdonado una deuda de 465.306,27 euros a una empresaria de la provincia que quedó en situación de insolvencia por el aumento de los costes en su explotación ganadera, que finalmente tuvo que cerrar. Así, la jueza exonera del pasivo insatisfecho a la clienta, según afirman desde Bergadà Abogados, bufete que ha defendido a la mujer. La sentencia se alcanza gracias a la Ley de la Segunda Oportunidad.
En 2013, la mujer inició un proyecto en el sector de la ganadería. A lo largo de los años, logró mantener su negocio gracias a la financiación recibida de entidades bancarias. De hecho, asegura que «al principio iba bien». Sin embargo, «en 2019 se iniciaron una serie de circunstancias que le supusieron desafíos significativos en su actividad, tales como una reducción drástica a una cuarta parte de cabezas, sufriendo bajas repentinas». En este sentido, la ganadera explica que tuvo «mala suerte, ya que hacía numerosas desinfecciones, pero los animales se morían». A esta situación se sumaron los fuertes incrementos de los costes operativos, como la electricidad, el agua y los piensos, que disminuyeron su margen de ganancias. «Acabé con el agua al cuello», lamenta.
La abogada que ha llevado el caso, Marta Bergadà, señala que «muchos ganaderos viven situaciones límite, atrapados entre el aumento de costes y la falta de margen económico para mantener su explotación. De hecho, cada vez son más los que están endeudados por circunstancias que no controlan».
Para hacer frente a distintos pagos derivados de su actividad, tales como el pienso de los animales, el agua, la luz y demás, junto a los gastos propios del sustento familiar, que dependía exclusivamente de sus ingresos derivados, la mujer tuvo que recurrir a financiación adicional de entidades crediticias. En noviembre de 2024, su situación «se volvió insostenible y, ante la imposibilidad de alimentar a los animales, decidió cerrar la explotación y cesar su actividad». «Fueron muchos años de sufrimiento. Siempre pensaba que la situación iría a mejor, pero no lograba levantar cabeza», asegura la ganadera, en declaraciones difundidas por el bufete. Asimismo, «sufrió el acoso telefónico por parte de las empresas de recobro de deudas y de las entidades bancarias».
La documentación aportada, dicen los abogados, «reflejaba que se trataba de una deudora de buena fe y podía acogerse a la Ley de la Segunda Oportunidad», así que se inició el correspondiente proceso. Finalmente, Marta Bergadà señala que «el caso de esta clienta es un ejemplo claro de cómo la Ley de la Segunda Oportunidad puede devolver la estabilidad a quienes han perdido su negocio y acumulan deudas imposibles de atender. Muchos ganaderos no se atreven a dar el paso por desconocimiento o porque creen que no tienen opciones, pero resoluciones como esta confirman que la justicia entiende la realidad del sector», concluyen las mismas fuentes.
