«Aquí, en las cuatro esquinas», una zona en la que los términos municipales de Corrales del Vino, Peleas de Abajo, Jambrina y Santa Clara de Avedillo se juntan, van tres plantas. Es una zona de que cabe perfectamente en un círculo que tuviera un par de kilómetros de diámetro, la misma en la que empresa Norton Dos Ibérica arrancó hace meses las obras de una planta de biogás de manera ilegal, obras que tuvo que parar y por las que fue multada. Jenaro Leal, uno de los representantes de las plataformas ciudadanas que han surgido para intentar frenar la implantación de la industria, conoce bien la zona, pues parte de las tierras que cultiva están ahí. Tierras, como las de otros vecinos, que se verían «comprometidas» de construirse las plantas, pero ese es otro tema. Luego iremos a él.
Los colectivos ciudadanos piden regulación específica sobre el biogás. No lo han conseguido de momento, a pesar de que se han llevado a cabo reuniones, algunas en las más altas esferas. Entre otros, con el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, que se resistió a dar plazos para la publicación del Plan Regional del Biogás que se reclama desde el territorio. No ve la luz y las empresas siguen presentando proyectos que, de momento y a falta de una regulación más clara, se rigen «por las mismas normas que las granjas» en cuanto a distancia entre explotaciones y a casco urbano. El primero de los tres proyectos de los que se hablaba antes está a 1,8 kilómetros de Santa Clara de Avedillo, en una parcela a la que se accede por el camino asfaltado que une el pueblo con Jambrina y que se renovará en breve para que, entre otras cosas, pueda acoger la circulación de vehículos pesados. Solo hay dos entradas, o por Jambrina o por Santa Clara. Por ahí tendrían que pasar los camiones, una de las quejas fundamentales de los vecinos. «Muchos camiones», lamenta Leal.
Para las empresas impulsoras de estos proyectos, no ha lugar a la queja. Este periódico se ha puesto en contacto con la Asociación Española del Gas, Sedigas, que engloba a las empresas que trabajan el biogás y el biometano, asociación a la que se ha preguntado por cada una de las principales quejas de las agrupaciones vecinales. Los camiones, dicen, cumplen una «estricta normativa» para circular. «La logística» de las plantas «está cuidadosamente diseñada para evitar el tránsito de vehículos pesados por los núcleos urbanos e incidencias en el tráfico y la seguridad vial del entorno», apuntan. Al menos en este caso, es difícil llegar a la parcela sin pasar por los pueblos.
Sí se podría llegar con camiones a los dos terrenos en los que hay proyectadas plantas en Peleas de Abajo, también en la zona. Uno de ellos es el citado antes, en el que las obras arrancaron de manera irregular. Se ha hecho un desmonte en la zona, la empresa impulsora, en la que colabora San Gregorio, ha llevado escombro para acondicionar «caminos» interiores e incluso se han metido ya por bajo los tubos por los que después discurrirán los cables. Un poco más allá, en el mismo terreno, hay cientos de placas propiedad de las mismas empresas. Desde Biogás Así No – Jambrina en Lucha y desde la Federación Zamora en Pie se solicitó a la Junta que obligara a la empresa a restituir los terrenos a su estado original. «No ha lugar», apuntaba el pasado mes de octubre el delegado, Fernando Prada. «Se ha valorado» la afectación en el terreno «según recoge la normativa» y se ha visto, defendió Prada, que «no ha habido daño ni a la administración ni al medio ambiente, por lo tanto no ha lugar a ningún tipo de restauración en base a los informes técnicos». La cosa quedó en una multa de 21.000 euros, en el decaimiento del proyecto y en el hecho de que la empresa ha vuelto a iniciar los trámites para levantar ahí la planta. No están de acuerdo en la zona, donde reivindican el valor natural existente.
Castilla y León es, según la asociación que aúna a las empresas del ramo, la comunidad autónoma que presenta mayor potencial para la generación de biometano: «cerca de 38TWh anuales, que permitirían cubrir el 177% de la actual demanda de gas natural de Castilla y León», dice Sedigas. «Constituiría un paso decisivo hacia su autonomía energética y, por otra, una solución al grave problema que la gestión sostenible de los residuos agropecuarios planeta». Los datos dicen que, más que cubrir la demanda de la comunidad, se produciría casi el doble de lo que hace falta. El resto, se sobrentiende, iría fuera de la comunidad. Es otro de los extremos que se denuncian desde el territorio. «Estos pueblos, que se vacían, estas comarcas han sido elegidas como territorios de sacrificio, nos ponen estas empresas porque aquí no queda nadie para pelear, porque es más sencillo. Nos dan por perdidos», lamentan. No hay datos oficiales de cuántos proyectos hay en Zamora, pero se estima que rondan los veinte. La última cifra dada por el consejero para Castilla y León elevaba la cifra a las 100, pero ha aumentado desde entonces.
Mapa elaborado por Stop Biogás Machacón.
«Las instalaciones están dotadas de avanzados sistemas tecnológicos que no solo evitan malos olores, sino que permiten la captura de emisiones de gases nocivos a la atmósfera. El resultado es un gas 100% renovable que nos permite avanzar en la lucha contra el cambio climático, mejorar la gestión de los residuos e impulsar el desarrollo económico y social de los territorios», profundizan las empresas de gas. No se lo creen tampoco en Zamora en Pie, que tiene a varias personas trabajando, «desmontando fórmulas» y, dice Jenaro Leal, demostrando que las empresas no descarbonizan. Podrían hacerlo si se tienen en cuenta los proyectos en solitario, pero el tráfico pesado asociado, con la emisión de gases nocivos a la atmósfera, descompensa la ecuación. «Es una gran mentira, no hay por dónde cogerlo. No descarbonizan. Cuando se analizan todas las emisiones, incluidas las de los camiones, vemos que contaminan», ratifican las mismas fuentes.
560.000 cerdos y subiendo
Preocupan las plantas, claro, pero también lo que llevan asociado. Un Plan Regional de Biogás permitiría, aseguran en Zamora en Pie, que las fábricas que se instalen estén dimensionadas a los purines y estiércol que pueda haber en el territorio. «Eso», dicen, «sería economía circular». Cuando se proyectan plantas que no tienen en el territorio alimento suficiente es cuando llega el problema, apuntan las asociaciones ciudadanas. «Para que sean rentables, tiene que haber granjas en los alrededores. Si no hay, hay que crearlas», apunta Jenaro Leal. Un vistazo a los últimos meses del Bocyl permite ver que la creación de nuevas granjas de cerdos y la ampliación de las existentes se ha convertido en tema estrella en los boletines cuando se busca información sobre la provincia.
En los censos oficiales se ve que en la provincia hay 560.000 marranos, casi el doble de los que había hace una década. En los últimos meses se han publicado nuevas concesiones y ampliaciones para más de 20.000 cabezas extra. Muchas de ellas en el eje norte-sur, por donde pasa el gasoducto que, entre otras comarcas, atraviesa Tierra del Vino. Donde el biogás quiere implantarse con fuerza. «Las plantas de biometano no vienen a crear un problema medioambiental, todo lo contrario. Evitan las emisiones causadas por prácticas abusivas y extraordinariamente perjudiciales para el entorno y la salud como los vertidos incontrolados de residuos», continúan desde Sedigas. «No pueden analizarse los efectos de las plantas sin tener en cuenta las macrogranjas que necesitan tener operativas a su alrededor», continúan las plataformas.
Aunque las empresas insisten en que vienen a «solucionar un problema, no a crearlo», no todos están de acuerdo. Entra aquí en juego el famoso «digestato», que no es otra cosa que el producto orgánico que entra a las plantas una vez se ha extraído de él el gas metano. Miles de toneladas por plantas, millones en algunos casos, que algunos proyectos reconocen que se tendrán que expandir por la zona y por las comarcas limítrofes. Las empresas lo defiende como «fertilizante de calidad» y apuntan que los ganaderos y agricultores se beneficiarán de él, pero no todos lo quieren. Las tierras de Jenaro Leal del principio del reportaje, por ejemplo, son de cultivos ecológicos. «Si se ponen las plantas, me van a analizar la tierra y va a dejar de ser ecológico», lamenta.
La problemática va camino de generar algún conflicto en los pueblos. En algunas charlas los vecinos han estado visiblemente «tensos», como sucedió en El Cubo del Vino, y las conversaciones realizadas con alcaldes de pueblos afectados bastan para saber que este no es un asunto fácil en los pueblos. Los ayuntamientos ven recursos económicos por la vía de las licencias e impuestos, las plataformas, por su cambio, una hipoteca que durará años. En algunos pueblos, no en Zamora, han aparecido pintadas en casa de vecinos que se oponían a las plantas. En otros, han aparecido en las puertas de los que estaban a favor de la industria o de quienes habían comprometido sus parcelas para ello.
Zamora en Pie apura los últimos días de la precampaña reuniéndose con los partidos políticos que se presentan a las elecciones. A todos les ha pedido que se sumen a su causa, que apoyen la propuesta de que la instalación de plantas se paralice hasta que haya un plan regional al que atenerse. Formaciones como IU y Podemos ya les han respaldado, el PSOE no ha dado un respaldo cerrado y con el PP y Vox las esperanzas son escasas. «Este es un tema central de la campaña, el futuro de los pueblos afectados está en juego», concluyen las plataformas.
Sanidad, vivienda, gestión forestal… durante las próximas semanas Enfoque Diario de Zamora analizará los temas más relevantes la actualidad de Castilla y León antes de las elecciones del 15 de marzo. Este reportaje, sobre el biogás y las macrogranjas, es el primero de la serie.
