«Antes esta era un cultivo que daba mucho trabajo en Zamora, en Toro y Benavente sobre todo, ahora quedamos cuatro». La remolacha vive su particular crisis, que se une a la general del campo y que suma su particular casuística por las restricciones al consumo de azúcar que aplican en un número cada vez mayor de productos. Algo que motiva que las azucareras estén bajando los precios que ofrecen por comprar remolacha y que encuentra, como siempre sucede en este sector, a los principales damnificados justo al comienzo de la cadena alimentaria. En estas están los remolacheros, muy cerca ya de los límites de rentabilidad.
«El precio de la remolacha funciona por temporadas, a veces alto y a veces bajo. Ahora estamos en lo bajo», asegura Javier Prieto, remolachero de Peleas de Abajo. Las cooperativas (en el caso de este productor, Acor) o las empresas como Azucarera ofrecen precios cerrados, lo que indica que no hay margen para la negociación. «Es o lo tomas o lo dejas», asegura Prieto, que indica que este año Acor paga a 55 euros por tonelada de producto. Azucarera está por debajo de esa cifra, que ya coquetea con el umbral de rentabilidad de las explotaciones y que lima los márgenes hasta casi la nada en el caso de los pequeños productores. «La rentabilidad es poca para el trabajo que da la remolacha, un año desde que siembras hasta que acabas de sacar. La rentabilidad debería de ser mayor, pero son las condiciones que hay y es complicado negociar», apunta Prieto.
Los precios han ido claramente a la baja en estos últimos años. Hace tres años se pagaron precios de 75 euros por tonelada, veinte euros más que ahora. Para una producción como de la este agricultor, de unos 7.000 kilos, la diferencia estimada supera con mucho los diez mil euros entre una campaña y otra. Se pagaba más cuando había menos, claro. Este año se están sacando como media unas cien toneladas por hectárea. Hace tres años fueron noventa.
El sector asegura que la entrada de producto de otras latitudes es lo que está lastrando este tipo de cultivo. Llega «mucho azúcar de caña» de India o Brasil, «miles de toneladas anuales» que se refinan en España y que se venden «con la etiqueta como si fuera de aquí, cuando es mentira». Incluso con los costes de transporte, a las empresas del sector les compensa comprar fuera en lugar de trabajar con los agricultores locales. «Las producciones que tienen son desmesuradas, como sigan mandando de esa manera van a acabar con lo que se consume aquí», apunta el agricultor.
Las organizaciones agrarias ven el panorama con diagnóstico parecido. Lorenzo Rivera, de COAG, pone la remolacha como ejemplo de producto muy venido a menos a cuenta de las compras realizadas a terceros países. «Va camino de ser un producto, en la práctica, desaparecido, porque no vamos a poder competir con el azúcar de caña que llega desde otros países, sobre todo desde Brasil», apunta Rivera, que refiere un «peligro cierto» de rentabilidad si llegan a suelo europeo «190.000 toneladas de azúcar de caña» que «se quieren comprar desde Brasil». «Puede ser la puntilla», dice la COAG.
Pero hay más. Muchos agricultores que trabajan la remolacha están sujetos a lo que se llama el contrato de Cultivos Agroindustriales Sostenibles. Se firma con la Junta y obliga por ley a los productores que se acogen a él a cultivar remolacha durante cinco años. Sucedió el año pasado y sucederá este año que si los productores están obligados a sembrar, primero, perderán dinero y, segundo, harán que baje más el precio conjunto al haber más producción. Las asociaciones agrarias piden lo que ya se consiguió para esta campaña, que nadie esté obligado a plantar remolacha para perder dinero.
«Una campaña más, entendemos que debido a los bajos precios del azúcar mundial, vinculados directamente a lo que percibirá el remolachero de nuestra región, no puede obligarse al cultivador una campaña como ésta, ruinosa económicamente hablando, a cumplir el contrato con la Junta de Castilla y León para cobrar la agroambiental», dicen desde la Alianza UPA-COAG. Organizaciones que recuerdan además que la ley no permite que los agricultores perciban un precio por parte del comprador por debajo del coste de producción, y la oferta que las azucareras han planteado a los cultivadores lo estaría incumpliendo en el caso de los productores con menos hectáreas.
«Bajo nuestro punto de vista la Junta de Castilla y León debe ser especialmente sensible con los remolacheros y sin embargo aplicar mano dura contra empresas como Azucarera, que percibiendo subvenciones públicas de la Administración regional después han dejado desamparados a los agricultores», indican las mismas fuentes.
