Alquileres elevados, poca oferta de vivienda, cláusulas abusivas para acceder a algunos inmuebles o un aumento importante del alquiler turístico en detrimento del residencial. Son solo algunas de las razones que han motivado el nacimiento en Zamora del Sindicato de Inquilinos, una asociación que busca poner en común los problemas que afectan al mercado del alquiler y, en unión con colectivos similares de otras provincias de Castilla y León, presionar a las administraciones públicas para que impulsen soluciones que faciliten que «cada familia pueda tener un techo» sin dejarse en ello la mayor parte de sus ingresos mensuales.
Una de las personas que ha puesto en marcha el sindicato es Javier Coco, que habla de precios «muy elevados», con alquileres «ya normalizados» de 500 o 600 euros en la capital que hacen que muchas personas ya no puedan acceder a una vivienda, sobre todo si en casa hay solo un sueldo o el inquilino en cuestión quiere vivir solo. Y, frente a esto, hay casas vacías. «Ahora mismo hay cerca de 4.000 viviendas vacías en Zamora capital pero en los portales inmobiliarios no hay más de cien casas en alquiler», lamenta Coco, que habla además de más dificultades para ciertos sectores de población, inmigrantes principalmente. La problemática, aseguran, se extiende al medio rural. En muchos pueblos no hay directamente opciones para una familia que se quiera asentar allí aunque sí haya muchas viviendas vacías. «El mundo rural es una alternativa para vivir pero debe venir acompañada de servicios públicos y, sobre todo, de vivienda», apuntan las mismas fuentes.
El Sindicato de Inquilinos culpa a las políticas de vivienda que se han llevado a cabo durante las últimas décadas de la situación actual y reivindica el acceso a la vivienda como un derecho «universal» de los ciudadanos. «Son necesarias medidas inmediatas de transición que permitan abordar rápidamente el problema. Las políticas de vivienda deben caminar a la desmercantilización de la vivienda, único camino para superar el problema», apostillan desde el colectivo. «Llamamos a la organización de la clase trabajadora para exigir que el derecho a la vivienda sea efectivo», apuntan desde el recién constituido sindicato.
Los afectados apuntan a unas leyes que «han favorecido a los rentistas» y al deterioro de las condiciones de vida de la clase trabajadora como causas fundamentales a la hora de entender el panorama actual. «El capital está centrando sus inversiones en la vivienda, provocando una presión al alza en los precios para conseguir la mayor rentabilidad posible. Además, el deterioro de las condiciones de vida de los trabajadores lleva a una reducción permanente del salario real, lo que implica que una parte cada vez más importante de la población gane lo justo para poder sobrevivir». En los últimos años, lamentan las mismas fuentes, «los gobiernos de diferentes signos políticos han contribuido a ambas dinámicas, impulsando el negocio de la vivienda a todos los niveles y manteniendo los salarios por debajo de la inflación», denuncian.
