Sanidad propondrá una jornada laboral reducida, con menos días de trabajo a la semana, y complementos salariales más altos para intentar que los médicos y enfermeras se interesen por los puestos de difícil cobertura, algo que afecta a varias comarcas zamoranas donde los médicos no muestran interés por trabajar por las condiciones laborales existentes. La Consejería ha publicado un primer «cronograma» de trabajo y aspira a definir cuáles son estos puestos en el primer trimestre del año que viene para iniciar a partir de ahí el procedimiento para intentar cubrirlos. Es la primera consecuencia de la aprobación de la Ley de Medidas Extraordinarias para impulsar la provisión estable y permanente de puestos sanitarios de difícil cobertura, aprobada este miércoles por las Cortes de Castilla y León.
En cuanto al procedimiento, la norma prevé un proceso lo más ágil posible. El objetivo de la Consejería de Sanidad es trabajar para que en el primer trimestre de 2026 se pueda hacer la primera declaración de puestos de difícil cobertura y ofertar la primera convocatoria extraordinaria de movilidad voluntaria, para así agilizar en todo lo posible la ocupación y cobertura de tales puestos.
Así, la primera parte de la ley regula lo que ha de entenderse por puestos de difícil cobertura, definiéndolos como “aquellos de personal estatutario sanitario licenciado con título de especialista en ciencias de la salud, diplomado con título de especialista en ciencias de la salud y diplomado sanitario de enfermería, cuya falta de provisión sea de carácter estructural o coyuntural y sea urgente su cobertura para garantizar de forma adecuada las necesidades asistenciales”.
Lo primero que habrá que hacer será una propuesta de la Dirección General de Asistencia Sanitaria y Humanización con los puestos que van a ser calificados como de difícil cobertura; la segunda fase será la declaración de estos puestos por parte de la Gerencia Regional de Salud, prevista para el primer trimestre de 2026. Y siempre con la previa definición técnica informada y negociada en la mesa sectorial de sanidad.
El siguiente paso será la aprobación de una oferta extraordinaria de empleo público con las plazas a cubrir, si bien con carácter previo a la convocatoria de los procesos selectivos correspondientes se procederá a convocar procesos extraordinarios de movilidad interna voluntaria, para que los profesionales que quieran trasladarse a dichos puestos puedan hacerlo, lo que se llevará a cabo mediante un procedimiento específico que también habrá que regular.
Y, por último, para el caso de que dichas plazas no sean cubiertas con este proceso de movilidad interna voluntaria (que es lo que está sucediendo en los procesos ordinarios, de ahí la necesidad de esta ley), se abordará la última fase, consistente en la convocatoria de procesos selectivos correspondientes, mediante el sistema de concurso de méritos, y su respectiva tramitación.
La declaración de difícil cobertura de los puestos en principio durará tres años -con posibilidad de prorrogar otros tres-, en los que los profesionales se beneficiarán de los incentivos, tanto económicos como no económicos, previstos en la norma y que pasan por reconocimiento de servicios prestados, valoración de experiencia profesional, flexibilización de la jornada y horarios y medidas en materia de formación e investigación, sin olvidar el complemento de garantía asistencial que mejora sustancialmente el ya regulado en el decreto-ley de febrero de 2019, aplicándose un aumento que tiene en cuenta los incrementos habidos desde ese año para los profesionales médicos y el 50 % de dicha cantidad para el personal enfermero.
