A lo largo de los últimos cinco años, comunidades como Castilla-La Mancha, Extremadura, Aragón, Galicia, Asturias o la Comunidad Valenciana han ido aprobando normativas específicas contra la despoblación. Es decir, leyes demográficas que contienen medidas y estrategias para luchar contra la tendencia poblacional de sus territorios o de parte de ellos. Castilla y León también ha amagado varias veces con sumarse a ese grupo de autonomías con legislación particular en torno a esta problemática, pero no ha terminado de rematar.
De hecho, el proceso en la comunidad comenzó antes de la aprobación de las normativas en otros lugares, allá por noviembre de 2020. Así lo denunció este martes el colectivo Acción Castilla y León, que habló de una «paralización» de la normativa y de una «opacidad» a la hora de hablar de los avances en la elaboración de este marco legal. Todo apunta a que la legislatura 2022-2026 terminará sin que la ley específica haya salido adelante.
De hecho, en el debate parlamentario, se ha tratado este asunto merced a la propuesta llevada a las Cortes por Soria YA!, que puso sobre la mesa su propia propuesta con algunas medidas como la zonificación de la comunidad y la colocación del foco sobre aquellos lugares que sufren problemas particularmente acuciantes.
Por el momento, parece que Castilla y León tendrá que esperar, aunque la aprobación de una normativa como esta no quiere decir que el problema de la despoblación se vaya a solucionar al día siguiente. Tampoco hay que entender la ausencia de ley como una renuncia explícita del Gobierno autonómico a afrontar el reto demográfico. Aquí, cada cual sigue su camino.
De hecho, un estudio elaborado recientemente por Jesús María Ramírez, doctor en Derecho y abogado urbanista, analiza las distintas leyes demográficas de las autonomías y enmarca su aprobación en «la incorporación del problema a la realidad social y a la agenda política». «Las comunidades que han legislado han optado por leyes amplias, de principios y estrategias, sin crear efectivos derechos subjetivos de los ciudadanos que viven en territorios en riesgo de despoblación. La aportación más relevante es una discriminación positiva de los territorios y sus habitantes, concretados en algunas comunidades en beneficios fiscales», subraya el experto.
Para Ramírez, «las leyes no son, ni pueden ser, un remedio eficaz frente a la despoblación ni el reto demográfico». En cambio, el modelo legislativo por el que se viene optando «puede servir de llamada de atención, de concienciación y ayuda para impulsar políticas y utilizar medidas sectoriales más eficaces, con un claro reflejo presupuestario, de discriminación positiva a los territorios y quienes los habitan». «Pero erán otras cuestiones, económicas, sociales y culturales las que sin duda van a inclinar la balanza, revirtiendo la tendencia actual o profundizándola», zanja el doctor en Derecho.
Los últimos datos de Zamora
Más allá de lo meramente normativo, conviene hacer algunas precisiones sobre los últimos datos demográficos, sin duda positivos para el grueso del país. Entre el 1 de julio y el 1 de octubre del año en curso, España ganó 105.488 habitantes, y a ello contribuyeron todas las provincias menos tres de las andaluzas: Málaga, Sevilla y Córdoba. Sí, también Zamora, que sumó 132 vecinos hasta llegar a los 165.546. No es poco.
Zamora creció gracias al anunciado repunte detectado en la capital y al incremento de la población extranjera. La provincia tenía, a 1 de octubre, 14.535 vecinos nacidos fuera de España, 363 más que tres meses antes. Son 1.356 más que el 1 de octubre de 2024. Esa tendencia se va asentando. La provincia vuelve a ser territorio de acogida y frena su sangría por este motivo.
Zamora y Córdoba
Ahora bien, no todos los datos son positivos. Si uno va a la comparativa interanual, puede constatar que, a pesar de la subida de 1.356 extranjeros en un año, la provincia ha perdido 365 habitantes de 1 de octubre a 1 de octubre. La cuenta es clara: uno por día. Alguno dirá: claro, como todos los territorios despoblados. Pero no. Solo Zamora y Córdoba caen en un periodo en el que España ganó casi medio millón de personas.
Como solo es Córdoba la otra que perdió población en el último año, resulta sencillo concluir que Zamora fue la única provincia de Castilla y León que vio mermar su capital humano. Con ley autonómica o sin ella, sigue habiendo medidas que tomar.
