La Fiscalía de Castilla y León abre diligencias contra el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y contra el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, por los incendios forestales que se llevaron por delante decenas de miles de hectáreas en el mes de agosto en todo Castilla y León. El inicio del procedimiento es consecuencia de una denuncia presentada por la asociación Bierzo Aire Limpio ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, denuncia que se ampliará en las próximas fechas. Así, según ha asegurado a este periódico Elena de la Fuente, presidenta del colectivo, en el texto de la denuncia se incluirán también los fuegos sucedidos en agosto en la provincia de Zamora, cuya gestión fue muy similar, «casi idéntica», a la de los incendios de la provincia vecina.
El oficio de la Fiscalía tiene en cuenta la «posible comisión de hechos que pudieran ser constitutivos de delito en relación con los incendios forestales producidos en el mes de agosto de 2025». La denuncia, según ha informado el periódico La Nueva Crónica, habla de posibles delitos de «prevaricación por omisión, contra el medio ambiente y omisión del deber de socorro», entre otros asuntos. Los fuegos ocasionaron la muerte de tres personas «además de la destrucción de miles de hectáreas de monte, incluidos espacios protegidos en la Red Natura 2000», y la emisión de grandes cantidades de humo.
El fondo de la cuestión es que Bierzo Aire Limpio sostiene que la Junta no adoptó las necesarias medidas preventivas «pese a disponer de información técnica sobre el riesgo extremo de incendios, en un contexto de altas temperaturas y sequedad». Así, en agosto, se había ejecutado según la denuncia menos de la mitad del presupuesto destinado a prevención de incendios.
Tampoco hubo la necesaria coordinación, siempre según la denuncia, con los ayuntamientos y con la Administración General del Estado, lo que según el texto «dificultó una respuesta rápida y eficaz durante los momentos críticos». Tanto Mañueco como Quiñones tendrán que responder ante el TSJ, que valorará si inicia las diligencias judiciales.
La decisión de la Fiscalía llega solo unas semanas después de que las Cortes de Castilla y León se negaran a abrir una Comisión de Investigación sobre la gestión de los fuegos, que afectaron a más de 30.000 hectáreas en Zamora y a más de 150.000 en el conjunto de la comunidad.
