La tarea de implicar a los ayuntamientos de la provincia en los planes de prevención contra incendios que llevan a cabo las administraciones de mayor rango, Diputación de Zamora y Junta de Castilla y León en el caso que ahora ocupa, está resultando ser más complicada de lo que se intuía. Tanto la administración provincial como la autonómica ultiman los planes para comenzar a trabajar en ese plan de «creación de anillos de seguridad» junto a los núcleos urbanos para proteger a las localidades de eventuales fuegos. Pero para comenzar es necesario que los ayuntamientos detallen a la Diputación y a la Junta cómo son los terrenos que circundan las casas, a quién pertenecen o qué estado presentan. Una petición que se ha lanzado a todos los consistorios de la provincia y a la que, de momento, solo han respondido siete.
Una falta de implicación en esta materia administrativa que no es nueva. De hecho, se ha podido ver ya está temporada. La Junta apremia a las administraciones locales a elaborar los Planes de Actuación contra incendios, un «documento técnico» que deben presentar 68 localidades con la ubicación de bocas de incendio, puntos de riesgo, vías de escape de los pueblos, teléfonos a los que llamar en caso de emergencia, puntos de agua o lugares conflictivos. El documento ya era obligatorio este año y «ningún pueblo lo presentó», ha reconocido el delegado de la Junta, Fernando Prada.
Regresando a los planes que se han puesto sobre la mesa para este año, Faúndez ha asegurado que la institución provincial va a contratar un equipo de once profesionales de la rama de gestión forestal para que visiten una por una las 507 localidades de la provincia para elaborar los documentos previos que harán llegar a una empresa a la que se contratará para elaborar con la mayor diligencia los planes de prevención y las guías. «En los próximos días lanzaremos la encomienda de gestión con tres millones de euros, que va a hacer Somacyl, para poder empezar en el mes de enero a desbrozar perímetros de poblaciones y fincas dentro de los términos municipales que ya tengan toda la documentación completa», ha informado Faúndez.
Otro de los proyectos es la instalación en los núcleos de población de bocas de riego cada 50 metros para lo cual es necesario que los ayuntamientos aporten mapas de las bocas de riego que están estropeadas y que hay que cambiar o poner nuevas. Para ello, hay una partida que será complementada por la Diputación con cargo al remanente de Tesorería. Se prevé igualmente un plan de formación para trabajadores municipales, alguaciles y ciudadanos en general, que comenzará por Sanabria y continuará por la Carballeda y Aliste, las zonas con más riesgo de incendios.
