Quince años después de que se aprobara en España la Ley del Aborto, que garantiza a las mujeres que quieran interrumpir su embarazo una cobertura pública para poder hacerlo, sigue produciéndose en Zamora la situación de que las mujeres que desean poner fin a su gestación no pueden hacerlo en hospitales públicos. En la provincia, el área de Ginecología al completo se declara como objetora de conciencia, lo que hace que no tengan obligación de practicar interrupciones del embarazo voluntarias. Durante los últimos años Sacyl ha firmado reiteradamente contratos con una clínica privada de Valladolid, a la que son remitidas las zamoranas que quieren interrumpir un embarazo no deseado, aunque ha llegado a suceder que también se ha enviado a la provincia vecina a mujeres a las que se les detectó alguna malformación en el feto, según han informado a este periódico fuentes del servicio. Es una cobertura pública en tanto que la usuaria no paga por recibir la prestación sanitaria, pero no se presta en centros públicos. «Aquí, la objeción de conciencia es la norma», apuntan las mismas fuentes.
Se trata de un asunto controvertido que, pese a todo, no cambiará en el futuro. Así lo indicaba este martes el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, al ser preguntado directamente por esta cuestión. La comunidad, apunta su presidente, «cumple con la Ley del Aborto» y «no va a haber modificaciones» al respecto. Preguntado también por los requerimientos formulados por el Gobierno central a varias autonomías, entre otras cosas para garantizar la existencia del registro de médicos objetores de conciencia respecto al aborto, Mañueco ha asegurado que en su caso no ha habido requerimiento alguno por parte del Gobierno.
La cuestión llega con el debate sobre el derecho de las mujeres a decidir cuándo ser madres, de nuevo, en el centro del mapa político. El Gobierno aprieta con este asunto ante los vaivenes de la oposición y el Consejo de Ministros ha aprobado su propuesta para que el derecho al aborto esté blindado en la Constitución. Sería, debe aprobarlo el Congreso de los Diputados, a través de una reforma del artículo 43 de la Carta Magna. Se añadiría un nuevo apartado que reconozca «el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo» y añade que «el ejercicio de este derecho, en todo caso, será garantizado por los poderes públicos, asegurando su prestación en condiciones de igualdad efectiva, así como la protección de los derechos fundamentales de las mujeres”.
Regresando a la práctica de las interrupciones voluntarias del embarazo en centros públicos (como prefieren «casi todas las mujeres», que refieren que «se sienten más seguras» o que «prefieren hacerlo cerca de casa» al ser una cuestión siempre complicada, apuntan fuentes del servicio) cabe destacar que Castilla y León se encuentra aproximadamente en la mitad de la tabla en lo que refiere a procesos practicados en centros públicos. En Cantabria, Galicia, La Rioja y Navarra, más de tres de cada cuatro interrupciones voluntarias del embarazo son en centros públicos. Sin embargo, hay también comunidades en las que, directamente, no hay ninguna. Madrid, Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura tienen un dispositivo totalmente externalizado, según los datos del Ministerio de Sanidad difundidos hace escasos días.
Los datos en Zamora
El año pasado, de nuevo según el informe anual que publica el Ministerio de Sanidad, decidieron interrumpir su embarazo de forma voluntaria 198 zamoranas. La mayoría con edades comprendidas entre los veinte y los cuarenta años, aunque se registraron dos casos de menores de 15 años y 17 de jóvenes de entre 15 y 19 años. En el otro extremo, interrumpieron la gestación 16 mujeres de entre 40 y 44 años y una de más de esa edad.
La mayoría son mujeres sin hijos (106 no tenían descendencia en el momento de parar su proceso gestacional). 47 tenían ya un hijo y 31 ya habían dado a luz dos veces. Diez mujeres de las que abortaron tenían tres hijos, tres tenían cuatro y una, cinco o más hijos. La mayoría, 131, no había tenido ningún aborto voluntario antes, aunque hay seis que ya se habían sometido a tres abortos voluntarios o más con anterioridad. Cerca del centenar aseguró que no utiliza método anticonceptivo. La mayoría, 142, detuvieron el proceso antes de la octava semana de gestación y solo once lo hicieron entre la semana 15 y la 22.
Por lo que refiere a los puntos de información, extremo que también detalla el informe, 117 de las 198 mujeres que interrumpieron su gestación acudió a informarse a un centro sanitario público, mientras que el centro privado fue la opción escogida por 48. En el caso del público, se les informa del proceso al que se enfrentan y se les detalla ahí que realizar el procedimiento en Zamora no es, en la práctica, posible. «Es necesario ir a Atención al Usuario, a la Gerencia de Salud de Área, tramitar la cita con la clínica de Valladolid y hacer las pruebas necesarias de forma previa ya en el hospital de Zamora», apuntan de nuevo fuentes del servicio a este diario. Lo que sí se hace en Zamora es el seguimiento posterior, con revisiones, puntualizan estas mismas personas.
