La Junta ha registrado las alegaciones al Anteproyecto de Ley Orgánica de Medidas Excepcionales de Sostenibilidad Financiera para las Comunidades Autónomas de Régimen Común. El documento, que recoge doce alegaciones, reitera la oposición de la Junta de Castilla y León a la propuesta de condonación de deuda autonómica planteada por el Gobierno de España.
El documento insiste en que la norma «tiene una motivación claramente política y responde al cumplimiento del acuerdo de investidura del Gobierno de España entre dos partidos políticos» e insiste además en que «no ofrece una solución integral al problema de la sostenibilidad financiera de las comunidades para sufragar los servicios de su competencia».
Indica además la Junta, que ha dado a conocer este sábado el documento remitido al Gobierno central, en que «se menoscaba el principio de responsabilidad fiscal de la gestión pública que recoge el artículo 9 de la Constitución Española y el artículo 8 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera»; en que el anteproyecto de ley «no implementa mecanismos de condicionalidad adecuados para garantizar que el endeudamiento se adecúe a lo que permiten las reglas fiscales» y en que el Gobierno habría actuado «sin transparencia, socavando los principios de cooperación y colaboración en las relaciones financieras del Estado y las Comunidades, al no haberse desarrollado un proceso de consulta y negociación multilateral con las distintas autonomías».
La Junta asegura que discrepa de los criterios de reparto acordados e insiste en que «los ciudadanos de Castilla y León estarían entre el grupo de los más perjudicados ya que el efecto final es que verían aumentada su deuda per cápita en 523 euros». El Consejo de Cuentas de Castilla y León cuantifica el déficit acumulado de financiación de la Comunidad en el SFA entre 2009 y 2021 en 6.722 millones de euros, más de 500 millones anuales.
