Adrián González Marrón, Universitat Internacional de Catalunya
Este pasado martes, el Consejo de Ministros aprobó el Anteproyecto de Ley del tabaco, lo que supone el primer gran cambio legislativo en control del tabaco en España desde la reforma, en 2010, de la ley de 2005. A partir de ahora, para que entre en vigor, debe superar con éxito la tramitación parlamentaria.
En quince años, el panorama ha cambiado muchísimo. Han aparecido nuevas formas de consumo de tabaco y nicotina a través de nuevos dispositivos y productos: cigarrillos electrónicos, tabaco calentado o bolsas de nicotina, entre otros. Y también, por ejemplo, nuevas formas de promoción, por redes sociales y otros medios. De ahí que desde hace años se viniera reclamando una reforma para no quedarnos atrás con respecto a otros países de nuestro entorno en la lucha contra el tabaco (y la nicotina).
Probablemente, el hecho de que hubiera tanto espacio de mejora en la legislación se ha traducido en un anteproyecto de ley que ha dejado algo frías a sociedades científicas y ciudadanas, porque no consigue cubrir todas las carencias que veníamos arrastrando en control del tabaco en España.
Vaso medio lleno
Si vemos el vaso medio lleno es, en primer lugar, porque resulta muy positivo que las nuevas formas de consumo se igualen al tabaco convencional. En este sentido, hay evidencia que apunta a que el uso de estos nuevos productos pueden servir de “puerta de entrada” al tabaco convencional para los jóvenes. Además, aunque no hay pruebas a largo plazo de sus efectos, sí se ha observado que el uso de estos dispositivos está asociado a la exposición a sustancias nocivas, como metales o cancerígenos.
Más espacios libres de humo
Por otro lado, la ampliación de espacios libres de humo y aerosoles –lo que afecta también a cigarrillos electrónicos y otros productos, pero deja fuera las bolsas de nicotina– a terrazas, exteriores de centros sanitarios o educativos, conciertos o parques infantiles es muy positiva por dos motivos. En primer lugar, porque permite reducir la exposición pasiva: entre 2016 y 2021, cerca de 5 000 personas murieron en España por estar expuestas al humo ambiental del tabaco. Y en segundo lugar, para conseguir la desnormalización del consumo. Esto llevaría a fumadores actuales y a no fumadores, sobre todo jóvenes, a interpretar que el consumo de productos del tabaco es una práctica alejada de la norma social.
A nivel de salud pública, considero que hubiera sido interesante ampliar a otros espacios la prohibición de fumar o usar productos que generen aerosoles. Por ejemplo, a coches donde hay menores, un grupo muy vulnerable a la exposición pasiva, tanto al humo ambiental del tabaco, como al humo residual, que son los residuos que quedan en superficies después del consumo. Es una medida que ya se ha tomado en diferentes países de Europa.
Suena muy bien además la prohibición del uso de cigarrillos electrónicos de un solo uso, fundamentalmente por cuestiones medioambientales, así como del consumo de tabaco y otros productos en menores (con régimen sancionador), extendiendo la prohibición actual más allá de la propia venta. Y, por supuesto, también la prohibición prácticamente total de la publicidad, promoción y patrocinio de productos del tabaco.
Habrá que monitorizar, sin embargo, el cumplimiento de estas medidas, lo cual puede ser bastante complejo en casos como la promoción por parte de influencers –que pueden estar en cualquier lugar del planeta– de esos nuevos productos del tabaco y nicotina. En este sentido, el anteproyecto prevé la creación de un observatorio, que tendrá entre sus funciones monitorizar el cumplimiento de la ley.
Lo que se echa en falta
Por otro lado, algunas ausencias son especialmente dolorosas para la comunidad científica por la abundante evidencia que hay sobre su efecto positivo. Quizás, la medida desestimada más importante sea la adopción del empaquetado neutro o genérico (es decir, eliminar la marca y otros elementos publicitarios de las cajetillas), iniciativa que se ha demostrado muy eficaz en la reducción del consumo en otros países. Es posible que esta medida acabe apareciendo durante la tramitación, aunque las perspectivas no son muy halagüeñas.
Del mismo modo, y aunque probablemente tenga difícil encaje en esta normativa, sigue siendo incomprensible que no se suba de manera urgente el precio del tabaco. Al menos parece evidente desde el punto de vista de salud pública, pero quizás habría que preguntar a otros ministerios. Hoy en día, España es todavía el estanco de Europa, cuando esa subida de los precios es considerada la medida más eficaz para reducir el consumo.
En definitiva, las disposiciones propuestas –la mayoría dirigidas al control de nuevos productos y ampliación de espacios libres de humo– son muy positivas y están en línea con el objetivo de conseguir generaciones libres de humo y reforzar la estrategia de “fin del juego del tabaco”. Sin embargo, desde mi punto de vista de investigador en control del tabaco, echo en falta en este anteproyecto más actuaciones que desincentiven el consumo en fumadores actuales.
No olvidemos que cerca de 60 000 fumadores al año mueren en España por el hecho de serlo, lo que, junto al aproximadamente el millar de muertes asociadas a la exposición pasiva, nos muestran el problema en salud pública al que nos enfrentamos.
Adrián González Marrón, Profesor en Epidemiología, Salud Pública y Bioestadística, Universitat Internacional de Catalunya
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.
