La finalidad de los Fondos de Cohesión de la Unión Europea es la de «reducir disparidades económicas entre los territorios» y financiar infraestructuras de transporte en lugares con una renta que esté por debajo del noventa por ciento de la media de la UE. Lograr un «crecimiento económico equilibrado», en suma. Por su parte, la finalidad de los Fondos FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional) es reducir las disparidades económicas y sociales entre las regiones europeas mediante la financiación de inversiones que apoyan el crecimiento económico. Son fondos, en suma, que buscan la creación de infraestructuras para reducir desigualdades en los territorios con más dificultades y generar oportunidades económicas. Vistos así, parece lógico que el Gobierno recibiera, entre los años 2007 y 2020, 475 millones de euros procedentes de estos fondos para ayudar en la construcción de la línea de alta velocidad Madrid-Galicia. Unas partidas que se captaron porque la línea estaba llamada, como reconocía el Gobierno, a vertebrar el territorio.
Por eso llaman tanto la atención las palabras que el ministro Óscar Puente pronunció el pasado jueves en el Congreso de los Diputados, en las que argumentaba que la alta velocidad no tiene entre sus funciones la vertebración territorial. No pensaba eso España cuando construyó la vía, y por eso solicitó elevadas cantidades de dinero que buscan, precisamente, cohesionar los territorios. Ahora, con el dinero ya captado e invertido, el Gobierno quiere desmarcarse del objetivo de los fondos que gastó. Unos fondos que buscan la cohesión usados en una infraestructura que el Ministerio de Transportes quiere destinar ahora «a competir con el avión».
Las cifras de la inversión son públicas y las tiene recogidas en su propia web el administrador ferroviario Adif. En el periodo presupuestario europeo 2007-2013 se ingresaron por 200,3 millones de euros por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del Programa Operativo de Galicia y 131,8 millones del Programa Operativo Fondo de Cohesión-FEDER para las obras de plataforma, consultorías y asistencia técnica del tramo Lubián – Ourense. En el periodo presupuestario 2014-2020 fueron 144,4 millones de euros con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del P.O. Plurirregional de España, Objetivo Temático 7: Transporte sostenible, actuaciones entre Lubián-Taboadela-Ourense. En total, los 475 millones antes mencionados, alrededor de un diez por ciento de lo que costó la línea entre Olmedo y Ourense.
La hemeroteca traiciona al Gobierno
Cuando se inauguran las obras el Gobierno sí justificaba estas inversiones y sí hablaba de una vertebración territorial en torno al AVE que ahora parece olvidada. No hay que irse a secretarías generales ni a cargos intermedios del Ejecutivo, basta con buscar en la hemeroteca del propio Palacio de la Moncloa. Cuando el presidente del Gobierno inauguró el tren a Galicia, en diciembre de 2021, indicó que «el AVE supondrá un impulso incuestionable a la industria turística en Galicia y actuará como sólido factor de cohesión territorial, en línea con el compromiso del Gobierno con el reto demográfico y la adecuada prestación de servicios a todos los ciudadanos y en cualquier territorio. Solo mejorando la intermovilidad conseguiremos combatir de forma más efectiva el reto que supone la despoblación», apuntó entonces Pedro Sánchez.
La que fuera ministra de Transportes cuando se inauguraron las estaciones de Otero de Sanabria y A Gudiña, Raquel Sánchez, también habló de fijar población y de lo importante que eran estas infraestructuras, por las que el AVE ahora para sin detenerse, para fijar población. E incluso Adif, al poner en servicio el tramo de alta velocidad que llegaba hasta Galicia, aseguraba que la la infraestructura nacía «contribuyendo a la vertebración social y económica de los territorios que atraviesa». Palabras, ahora, parece que olvidadas en un razonamiento que prima los intereses comerciales, que elimina paradas con pocos viajeros y que busca «unir grandes polos de población», como reivindicó Óscar Puente el jueves verbalizando ya el giro que el Gobierno ha dado en lo referente a esta infraestructura.
La cuestión puede acabar en la Comisión Europea
El Gobierno se enfrenta a la oposición en varios frentes por esta cuestión. En el Congreso de los Diputados se debatirá próximamente una PNL presentada por Sumar en la que se pide recuperar frecuencias y el PP ha presentado una pregunta al Gobierno en la que cuestiona por estos temas. Pero el movimiento político de más interés en lo que respecta al uso de los Fondos FEDER y de Cohesión lo ha llevado a cabo de momento Podemos Castilla y León, que desde principios de este verano ha iniciado consultas para determinar si el Gobierno está incumpliendo alguna normativa al no respetar el fin último de los fondos con los que levantó la infraestructura.
La medida de presión vivirá en pocos días nuevos escenarios, pero a día de hoy lo más reciente en la contestación del servicio de asesoramiento legal de la Comisión Europea al partido morado en la que indica que, efectivamente y a la vista de lo expuesto, el Gobierno de España podría estar saltándose varias normas al suprimir paradas. Miguel Ángel Llamas se preguntaba en su escrito a Bruselas si «una práctica nacional de un Estado miembro que socava el espíritu y la finalidad de los fondos europeos empleados, que vulnera el principio de cohesión territorial y que afecta a las zonas rurales, puede considerarse un incumplimiento del Derecho de la Unión Europea».
Después de detenerse en las disposiciones y reglamentos comunitarios que rigen las ayudas, el servicio de asesoramiento legal apuntaba que «si se eliminan conexiones de transporte solo en regiones específicas», como es el caso, «rurales o menos rentables, podría plantearse la cuestión de la discriminación territorial en el acceso a infraestructuras públicas, especialmente cuando están cofinanciadas con fondos de la UE».
