La Junta ha aprobado este jueves el proyecto de decreto por el que se regula la planificación y ordenación forestal de Castilla y León, un documento en la que la administración asegura llevar meses trabajando y que se aprueba apenas unos días después de que el presidente, Alfonso Fernández Mañueco, lo avanzara en su última comparecencia ante las Cortes de Castilla y León. La norma, que ha sido presentada tras el Consejo de Gobierno sin la comparecencia de Juan Carlos Suárez-Quiñones (normalmente, los consejeros acuden a las ruedas de prensa cuando el Consejo de Gobierno aprueba decretos de su competencia) supondrá una agilización de los trámites administrativos de las futuras planificaciones forestales y permitirá la implantación de tecnologías novedosas en la inventariación forestal.
«Las tareas de ordenación de los montes de Castilla y León se consideran imprescindibles en la planificación de la restauración y mejora de los terrenos afectados por catástrofes naturales», ha asegurado el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, mientras intentaba quitar relevancia a la ausencia de su compañero de gabinete en la comparecencia. El proyecto de decreto tiene por objeto establecer el marco regulador de la planificación y ordenación forestal de los montes de Castilla y León, tanto arbolados como desarbolados, aplicable a todos los terrenos que tengan la consideración legal de monte, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Montes de Castilla y León, así como aprobar las Instrucciones Generales para la Ordenación de Montes que contienen las normas a las que ha de sujetarse la ordenación forestal.
Estos terrenos que tienen consideración legal de monte son aquellos en los que vegetan especies forestales arbóreas, arbustivas, de matorral o herbáceas, sea espontáneamente o procedan de siembra o plantación, siempre que no esté dedicado al cultivo agrícola. Igualmente lo serán los terrenos yermos, roquedos y arenales, las construcciones e infraestructuras destinadas al servicio del monte en el que se ubican, los terrenos cuyo cultivo agrícola hubiera sido abandonado por plazo superior a veinte años y que hubieran adquirido signos inequívocos de su estado forestal, salvo cuando se hallen acogidos a programas públicos de abandono temporal de la producción agraria.
«Con cada nuevo proyecto de ordenación de terrenos forestales comienza una andadura en la gestión forestal de dichos terrenos, que asegura su persistencia en el tiempo, la obtención de rendimientos económicos regulares tan necesarios para sus propietarios forestales ubicados en el medio rural, garantizando el máximo de utilidades a la sociedad en su conjunto», apunta la Junta. El seguimiento de esta andadura se materializa en el tiempo en la elaboración de los documentos de revisión del proyecto de ordenación, en los que se analiza cómo va la marcha de la ordenación, si se consigue o no la persistencia de monte, los trabajos a efectuar y la selvicultura a aplicar, así como las dificultades encontradas y los medios a emplear para superarlas. «Con el tiempo, las sucesivas revisiones suponen un compendio de conocimientos prácticos y aplicados a unos terrenos forestales concretos que garantizan la persistencia de las masas forestales, a la par que se aprovechan los recursos naturales y se mejoran generando rentas en el medio rural», apuntan las mismas fuentes.