Hace un par de semanas, cuando el azote de los incendios forestales empezaba a golpear el oeste de la península ibérica, propusimos un pacto de Estado para hacer frente al problema de los incendios forestales en España, junto con Paco Castañares y otros compañeros del sector forestal.
El Gobierno ha prometido un Pacto de Estado para la mitigación y adaptación a la Emergencia Climática, y el principal partido de la oposición presentó un plan de Ayuda, Recuperación y Prevención para el Medio Rural y Forestal.
Pero ¿en qué consistiría exactamente un pacto de Estado para hacer frente al problema de los incendios forestales? A continuación, trataré de esbozar algunos de los siete principales aspectos que, bajo nuestro parecer, debería contener.
1. Cultura de riesgo y autoprotección
Debemos establecer una cultura de riesgo, de manera que la ciudadanía sea consciente de los riesgos a los que está expuesta, que sepa cómo autoprotegerse y cómo reaccionar frente a la emergencia a través de:
- Desarrollo y publicación de una cartografía de riesgo, con mapas de zonas “inflamables” (equivalente a mapas de zonas inundables) y que concrete puntos de reunión, vías de escape y evacuación dado que muchas personas viven, o veranean, en ratoneras sin escapatoria en caso de incendio y sin ser conscientes de ello.
- Facilitación a la ciudadanía de herramientas que permitan visualizar en tiempo casi real el incendio e información sobre cómo autoprotegerse.
- Desarrollo y ejecución de los planes de prevención municipal por técnicos cualificados, que incluyan franjas cortafuegos de cientos de metros, coordinados a través de las diputaciones en el caso de ayuntamientos pequeños y con medios escasos.
Cuando la cultura de riesgo ya esté instaurada, junto con las debidas medidas de autoprotección, podemos revisar la legislación para permitir que cada persona elija si prefiere evacuar su casa o quedarse a defenderla, asumiendo el riesgo que eso conlleva, como se hace en Australia y otros países.
2. Prevención y actividad forestal
La literatura científica actual nos indica que para reducir sustantivamente el área quemada en incendios, necesitamos tratar preventivamente el equivalente a 3-5 veces el área quemada, lo que implica un mínimo de un millón de hectáreas al año, a través de un diseño estratégico. Estamos hablando de:
- Planificar y ejecutar obras de prevención a escala de macizo montañoso, a parte de la necesaria protección municipal y a escalas más locales.
- Promover mosaicos de vegetación, o “cortafuegos productivos”, que son zonas que combinan distintos tipos de vegetación y permiten casar la rentabilidad de la explotación (castañas, cultivos, olivos…) con la preservación de la biodiversidad y las zonas de escasa inflamabilidad, de baja carga de combustible, sobre todo en puntos críticos.
- Implementar un ambicioso programa de quemas prescritas, la versión ingenieril de las quemas tradicionales de los pastores, nuevamente para disminuir la carga de combustible en nuestros montes y crear oportunidades para la extinción.
3. Sistema de alertas
Necesitamos desarrollar un sistema de alerta temprana que avise idealmente 72 horas antes del advenimiento de condiciones adversas para poder preparar tanto a los dispositivos de extinción como a la población sobre posibles evacuaciones o confinamientos.
Este sistema de alerta debe ser desarrollado por expertos en incendios forestales, a partir de los datos que puedan aportar distintas agencias como las meteorológicas o estadísticas.
4. Gestión de la emergencia
El pacto de Estado que necesitamos debe velar por:
- La incorporación a la cadena de mando de unidades de análisis y planificación de la extinción, ya que los incendios actuales requieren de unidades de inteligencia avanzada. Hasta que eso no se haya logrado, necesitamos hacer frente a las condiciones de emergencia nacional de estos días con, por lo menos, un sistema de soporte en el análisis. Resulta paradójico que a nivel internacional se haya implementado el mecanismo FAST, que permite ese apoyo en inteligencia a países terceros, pero que una estructura parecida aún no se haya aplicado a nivel nacional.
- A largo plazo, el pacto de Estado debe velar por la homogeneización de los elementos comunes en los dispositivos de extinción, para dar una respuesta efectiva cuando se produzca la próxima emergencia nacional.
- Mejorar la formación de los bomberos a todos los niveles. En algunas comunidades autónomas, las condiciones laborales son otras de las tareas pendientes.
5. Restauración
Los megaincendios son la respuesta de los ecosistemas al cambio global que estamos viviendo. La nueva realidad climática impone cambios drásticos sobre algunos paradigmas para adaptar nuestros ecosistemas a un clima cambiante. Esto implica que:
- Deberemos favorecer el establecimiento de vegetación adaptada al clima futuro que se espera para cada zona, aun cuando eso implique una pérdida de la superficie de bosques cerrados o la incorporación de vegetación no autóctona.
- Necesitamos unidades de inteligencia que permitan tomar decisiones rápidas sobre cómo abordar la restauración tras múltiples incendios que queman centenares de miles de hectáreas, y agilizar los procedimientos para poder contratar con urgencia las obras de restauración necesarias para evitar las pérdidas de suelo.
6. Legislación y fiscalidad
Y por último, el pacto de Estado debe disminuir la carga burocrática con la que se encuentra el sector primario y, en particular, las actividades relacionadas con la prevención de incendios y fomentar, a través de incentivos fiscales, la actividad rural y su rentabilidad. Esto conlleva acciones como:
- Incorporar la singularidad forestal en la Política Agraria Común (PAC), de manera que se puedan dejar sin labrar zonas en riesgo importante de incendios forestales.
- Reducir (o eliminar) el IVA de las actuaciones de prevención.
- Priorizar la protección frente a incendios forestales en la implementación española del Pacto Verde, considerando los cambios que sobre el régimen de incendios pueden ejercer, por ejemplo, la transición energética o la legislación sobre restauración .
- Revisar a fondo de la legislación actual en materia forestal y rural de manera que se eliminen las trabas a la recuperación de antiguos cultivos y otras medidas que favorezcan la prevención de incendios.
7. Ciencia e innovación
- Incentivar la mejora e innovación facilitando el acceso en abierto a datos y previsiones meteorológicas y otros datos financiados con dinero público.
- Dotar a los medios de extinción de capacidad para mapear el avance de los incendios a tiempo real, y poder reconstruir su comportamiento para su posterior estudio.
En una primera aproximación se estima que el coste de poner en marcha estas medidas debería estar cerca de los 3.000 millones de euros, lo que podría suponer menos de la mitad de lo que llevamos este año gastado en extinción (extinguir cuesta unos 19.000 euros por hectárea). El pacto nos hubiera evitado en gran parte la pérdida de vidas humanas e infraestructuras y de las subvenciones asociadas a la declaración de zona catastrófica.
Además, un porcentaje elevado se podría cubrir por capital privado si logramos mejorar la rentabilidad de las explotaciones. Aparte de las medidas aquí propuestas, otras actividades que fomenten los usos energéticos de la biomasa y constructivo de la madera, por poner dos ejemplos, podrían favorecer esta actividad privada.
Los incendios forestales de este año nos recuerdan cómo se están convirtiendo en un problema de protección civil y de salud pública, con importantes consecuencias para la red ferroviaria y el turismo, y que está afectando también a la calidad de las aguas, aparte de su impacto creciente sobre las sociedades y economías rurales. El margen de error es cada vez más estrecho.
Víctor Resco de Dios. Catedrático de Ingeniería Forestal y Cambio Global, Universitat de Lleida
