Los papeles aparecen pegados por el pueblo de Fariza. Son fotocopias con la petición de un Pleno extraordinario en el municipio. Sobre las hojas, en rotulador, alguien ha escrito: «Se celebrará el viernes 8 a las 12.00». La fecha no está del todo clara, pero lo que es evidente es que cinco de los siete concejales quieren que la sesión se celebre. Se trata de los tres del Partido Popular y de dos de los del PSOE. Estos últimos representan la mitad del equipo de Gobierno. La corporación tiene siete ediles, así que solo el alcalde y otra compañera permanecen ajenos a la reclamación.
¿Que por qué no esta clara la fecha? Hay una disputa administrativa acerca de los plazos que tiene el alcalde para convocar. La oposición asegura que el plazo legal ha finalizado y que la sesión ha de celebrarse este viernes, mientras que el alcalde, Manuel Ramos, afirma en declaraciones a este medio que lo tiene «bien mirado» y que aún cuenta con un margen para citar al Pleno. «Posiblemente será sobre el veintitantos», aclara.
Sea como fuere, la petición de la convocatoria y el número de firmantes muestra una realidad: hay una fractura dentro del equipo de Gobierno. De los cuatro representantes del PSOE, dos se han rebelado contra el alcalde, y la causa es el proceso de privatización de la residencia para mayores de la localidad. Los propios ediles, Bernardo Silvo y Manuel Ángel Guerra, explican su versión en una carta dirigida a los vecinos de la localidad.
En esa misiva, Silvo y Guerra señalan que la construcción de la residencia tuvo en su día un trasfondo de labor social para dar servicio a los vecinos: «Nunca se tuvo en cuenta el beneficio económico porque, en sus inicios, la idea era gestionarla a través de una fundación sin animo de lucro», subrayan los ediles. Ese punto es relevante, pues el alcalde justifica la privatización desde el argumento de que, ahora, «los ingresos se quedan muy por debajo de los gastos».
Sin embargo, sus compañeros socialistas remarcan que, a juzgar por los extractos bancarios que ellos han podido ver, existe un saldo positivo. Nada de los 30.000 euros negativos que cita el alcalde, que según Silvo y Guerra «se ha negado en reiteradas ocasiones» a mostrar todos los datos correspondientes a 2024. Ante eso, «la desconfianza es total». «En caso de unas pérdidas reales, se tendría que estudiar la solución y hacerlo con total transparencia, cosa que hasta hoy brilla por su ausencia», advierten los ediles.
Tanto Silvo como Guerra citan algunos datos más y lamentan que no se haya optado por ajustar las tarifas desde la gestión municipal cuando la nueva gerencia privada, comandada desde esta primavera por la empresa Residencias Asistenciales El Niño Jesús SL, ha aprobado un incremento de 130 euros mensuales en el precio por plaza. «Con este aumento, la residencia pasa de tener una labor social a ser un negocio rentable con la connivencia del señor alcalde», deslizan los concejales.
Además, tanto Silvo como Guerra lamentan que la privatización se ha podido llevar a cabo desde la Alcaldía merced a la delegación de competencias aprobada por ellos en el Pleno. «Lo ha hecho todo en absoluto secreto. Se ha contactado con una empresa del sector y se ha hecho un pliego de condiciones a medida», insisten los aún miembros del equipo de Gobierno, que aseguran que se enteraron «por terceros» de que el acuerdo con Residencias Asistenciales El Niño Jesús SL era por veinte años y por un canon «irrisorio» de 500 euros mensuales.
En general, a los dos concejales se les hace «muy difícil de entender» este movimiento. De ahí que pretendan pedir explicaciones en el Pleno, de la misma manera que quiere hacerlo el Partido Popular. Una de sus concejalas, María Josefa Silvo, ya lo hizo de manera insistente en la sesión ordinaria celebrada en julio. Ahora, recalca que la intención no es solo que el alcalde hable, sino retirarle algunas de las atribuciones previamente concedidas por el mismo órgano municipal.
No en vano, en el orden del día previsto para el Pleno, aparece la propuesta para la retirada de las competencias extraordinarias de las que dotó el órgano en su día a Manuel Ramos. La idea de los concejales es que, a partir de ahora, y en la medida de lo posible, todo pase por ellos antes de ser aprobado. Además, los cinco ediles reclamarán un informe de legalidad sobre la adjudicación de la gestión de la residencia, demandarán que la secretaria acuda tres días en lugar de uno a la semana al municipio y pedirán que se apruebe la propuesta para transformar los juzgados de paz en oficinas municipales de justicia, entre otros asuntos.
La moción de censura no se ha tratado
Lo cierto es que, ante la sucesión de hechos de los últimos meses, la sensación que se percibe viendo la realidad política de Fariza desde fuera es que todo se encamina hacia una moción de censura, pero tanto la citada concejala del Partido Popular como los dos socialistas desencantados con la gestión del alcalde aseguran que esa posibilidad no se ha puesto sobre la mesa. De momento, lo que se pretende es que se celebre el Pleno, tomar medidas y conseguir explicaciones.
«El tema de mis concejales es para escribir un libro muy largo. El día que quieran, que presenten una moción de censura, pero yo no sé si se unirán o no se unirán», replica Manuel Ramos, que insiste en que, durante meses, mantuvo reuniones con Silvo y Guerra para hablar del asunto de la residencia: «Al final, yo tomo la responsabilidad porque tengo una delegación», recuerda el regidor. E insiste, a pesar de lo que dicen los carteles: «Este viernes no va a haber Pleno».
