La Diputación de Zamora insiste en que la subvención del Ministerio para la Transición Ecológica que permitiría instalar energías renovables en edificios oficiales de 62 ayuntamientos de la provincia nace muerta si el Gobierno no amplia los plazos para poder ejecutar los trabajos. El presidente en funciones de la Diputación de Zamora, Víctor López de la Parte, ha asegurado que la resolución que habilita a los pueblos a disponer de las ayudas, publicada el 5 de agosto por el ministerio, llega medio año tarde, pues tendría que haber estado lista en febrero.
Pese a este retraso, y siempre según el argumentario de la Diputación de Zamora (que ya hizo público el propio presidente, Javier Faúndez, tras reunirse hace unas semanas con los pueblos afectados), los plazos originales no se han visto ampliados. Esto significa que los pliegos deben elaborarse, publicarse y licitarse en plazos irrealizables para que las obras estén terminadas antes del 31 de marzo. Un lapso de tiempo que hace inviable la subvención.
«Si no se amplían los plazos, no se van a iniciar los trámites», apunta López de la Parte, que asegura que la Diputación ha mantenido conversaciones con el Ministerio para la Transición Ecológica y que la puerta a modificar las bases del programa está abierta. El dinero se solicitó en noviembre del año pasado y el proceso burocrático tendría que comenzar ahora, pero «no se van a destinar recursos a él» hasta que no haya constancia de que el plazo para realizar los trabajos se amplíe. De lo contrario, las obras son «inviables».
La Diputación presentó la solicitud de la ayuda el pasado 18 de noviembre del 2024 y la convocatoria recoge un plazo de 3 de meses para dictar la resolución, por lo que ésta se debería haber realizado el pasado mes de febrero. «En cambio, el Ministerio ha comunicado a la Diputación la resolución provisional el pasado 2 de junio, con más de tres meses de retraso, a raíz de lo cual el presidente convocó a los ayuntamientos afectados para aclarar la situación, en espera de la resolución definitiva prevista para finales del mes de julio», algo que finalmente ha sucedido a principios de agosto.
El mes de agosto es inhábil y posteriormente habría que redactar el proyecto, exponerlo al público, firmar los convenios con los ayuntamientos que también deben ingresar el porcentaje de financiación que les corresponde, sacar las obras a licitación con la activación de los procedimientos antifraude correspondientes, y ejecutar las actuaciones. «Esta tramitación administrativa hace que sea inviable el programa dado que todas las obras deberán estar ejecutadas y justificadas antes del 31 de marzo», concluyen desde la Diputación de Zamora.
