COAG denuncia retrasos de hasta un año en el Servicio de Industria de la Junta de Castilla y León en Zamora para autorizar instalaciones de autoconsumo energético en explotaciones agrícolas y ganaderas, cuestiones que en otras provincias «se resuelven en dos semanas» y que tiene como consecuencia que «agricultores y ganaderos puedan perder subvenciones a las que tienen derecho por estas instalaciones, ya que no pueden cumplir los plazos».
Las denominadas instalaciones energéticas de autoconsumo que instalan los agricultores y los ganaderos (y también otras actividades económicas con consumo considerable de energía) requieren para su funcionamiento dos clases de permisos: bien la autorización de explotación, si tienen venta o compensación energética y vierten a la red, o bien, el certificado de instalación eléctrica, si no venden los excedentes a la compañía eléctrica, indican las mismas fuentes.
Estos permisos son tramitados por los servicios provinciales de la Junta en cada una de las provincias de Castilla y León. «Pues bien, mientras que en las demás provincias puede ser un trámite que se alargue un par de semanas o un mes a lo sumo, en el peor de los casos, en Zamora se puede disparar a un año». Fuentes del sector cuentan a COAG que los permisos se están demorando una media de cerca de 6 meses y pueden llegar perfectamente a un año.
Ante tal problema, COAG exige a la Junta «que ponga fin cuanto antes a este desmesurado retraso que está desincentivando la instalación de estas plantas de autoconsumo en las explotaciones agroganaderas».
Además, COAG lamenta que al ser tan extenso el tiempo de espera, «el ganadero o el agricultor corren el riesgo de perder la subvención a la que tienen derecho estas instalaciones, porque el plazo se dilata mucho más allá del periodo que fija la normativa para recibir la ayuda. En ocasiones, ha sido la propia Administración la que ha tenido que hacer la vista gorda, para que las subvenciones no se malograran a pesar de que el plazo ya se había expirado con creces».
COAG eleva su queja a la Junta de Castilla y León porque «esta actitud pasiva ante el problema cercena una alternativa energética totalmente limpia, que además supone para el agricultor y al ganadero zamorano un ahorro energético, un complemento de renta al poder vender los excedentes y, en definitiva, un impulso a la maltrecha rentabilidad de las explotaciones agrarias cada vez más acosadas por los costes de producción».
Según cuentan a COAG fuentes del sector fotovoltaico bien conocedoras del problema, en Zamora siempre ha existido ese retraso, «infinitamente más prolongado que en el resto de las provincias de Castilla y León». Hasta el punto de que «mucha gente intenta hacer los trámites en otras provincias porque Zamora siempre ha sido un problema. Los expedientes se demoran sin explicaciones, a veces se pierden, los teléfonos no se contestan y los plazos van sumando días».
