La Junta de Castilla y León considera «inadmisible» el recorte presupuestario previsto en la nueva Política Agraria Común y defenderá, en un frente común con las Organizaciones Profesionales y Agrarias, un presupuesto «sólido» y «justo» para «que la PAC priorice al agricultor profesional. Así lo ha asegurado hoy la consejera del ramo, María González Corral, después de celebrar una reunión con las OPAs. “No podemos aceptar una reforma donde la PAC pierde su autonomía y su solidez”, ha señalado.
Por ello, la consejera ha indicado “la hoja de ruta” que defenderá la Comunidad plasmada en la declaración institucional firmada en mayo con las organizaciones agrarias, y a la que se ha adherido la Unión de Cooperativas Urcacyl, donde se defiende un presupuesto fuerte, el apoyo a la agricultura profesional, la incorporación de jóvenes, precios justos, mayor simplificación e inversiones estratégicas en regadíos, entre otros.
Ahora se creará un grupo de trabajo entre la Consejería y las organizaciones agrarias, quienes han apoyado sin fisuras la constitución de un frente común en defensa de las prioridades de Castilla y León. “La posición de la Junta, como ha trasladado el presidente, Alfonso Fernández Mañueco, será trabajar con las OPAS para lograr una posición sólida y rotunda en defensa de una PAC justa”, ha afirmado.
Recorte “inadmisible”
Entre los principales motivos de preocupación de la propuesta, la consejera se ha referido al recorte “inadmisible” en los fondos que Europa destina a la PAC ya que, aunque no se conoce el alcance real de la disminución financiera, podría situarse entre un 20 y un 30 %.
Asimismo, ha lamentado la unificación de los dos fondos actuales para pagos directos (FEAGA) y desarrollo rural (FEADER) dentro de un gran fondo multisectorial donde cada Estado define sus propias prioridades, el nuevo Plan de Asociación Nacional y Regional (PNR). “Esta modificación supone la pérdida de autonomía, relevancia estratégica e independencia de la PAC, que quedará subordinada a las prioridades que defina cada Estado miembro en sus planes estratégicos nacionales”, ha declarado.
En este contexto, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha mostrado su oposición a este modelo de gobernanza que acentuará las desigualdades entre territorios y provocará competencia entre agricultores europeos. “No podemos dejar en manos de cada Estado la decisión sobre qué es lo que se destina a la PAC porque dejamos de jugar con las mismas condiciones”, ha añadido.
Impacto en el modelo profesional
La consejera ha alertado de que el nuevo sistema de ayudas perjudica directamente a los agricultores y ganaderos profesionales, al imponer ayudas decrecientes, la llamada degresividad a partir de 20.000 euros, y un límite máximo por beneficiario. “Choca frontalmente con la agricultura profesional de Castilla y León”, ha añadido.