El juzgado número cinco de Zamora ha desestimado, por falta de competencias sobre el asunto, la admisión a trámite de la querella presentada por UPL y varios colectivos, como Agrygalza, Viriatos o Terra Sostenible, con motivo de la supresión de paradas de AVE en Sanabria.
La demanda de estos grupos advertía de posibles delitos de prevaricación administrativa por parte del presidente de Renfe, el presidente de Adif, el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible y el alcalde de Vigo en el caso de la supresión de servicios matinales en Sanabria, pero finalmente la denuncia no ha sido admitida.
En sus razonamientos jurídicos, el juzgado esgrime que, al hilo de «las reglas de la competencia territorial aplicables al delito de prevaricación», no es competente para conocer la querella, por lo que los denunciantes tendrían que acudir, llegado el caso, a los juzgados en cuyo territorio se hubiese cometido el presunto delito.
«La competencia para conocer el delito de prevaricación debe atribuirse al lugar donde se dicta la resolución que se tacha de injusta», insiste el juzgado, que recalca que «no consta que el acuerdo que suprime los servicios a partir del 9 de junio se haya firmado en la provincia de Zamora».
La resolución obliga a los colectivos a replantear su estrategia jurídica si quieren mantener ese pulso en el camino hacia la recuperación de los servicios ferroviarios.
