La Diputación de Zamora asegura que «el retraso del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico» a la hora de resolver la convocatoria de una ayuda para proyectos de energías renovables y almacenamiento «obliga» a la institución provincial a renunciar a una partida de dos millones de euros. El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez Domínguez, la vicepresidenta tercera y diputada de Fondos Europeos, Amaranta Ratón Fresno, y técnicos de la Institución Provincial, han mantenido una reunión con alcaldes de los 62 municipios beneficiarios de la ayuda del programa de «Proyectos Innovadores de Energías Renovables y Almacenamiento» (financiado por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia-Next Generation EU), en la que les han informado de que «el retraso en la resolución por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del Gobierno de España» hace “prácticamente inviable” que se puedan ejecutar los 1.913.619 euros concedidos provisionalmente de los 4.170.541,59 solicitados para el proyecto.
La Diputación presentó la solicitud de la ayuda el pasado 18 de noviembre del 2025 y la convocatoria recoge un plazo de 3 de meses para dictar la resolución, por lo que ésta se debería haber realizado el pasado mes de febrero. «En cambio, el Ministerio ha comunicado a la Diputación la resolución provisional el pasado 2 de junio, con más de tres meses de retraso, a raíz de lo cual el presidente convocó a los ayuntamientos afectados para aclarar la situación, en espera de la resolución definitiva prevista para finales del mes de julio».
El mes de agosto es inhábil y posteriormente habría que redactar el proyecto, exponerlo al público, firmar los convenios con los ayuntamientos que también deben ingresar el porcentaje de financiación que les corresponde, sacar las obras a licitación con la activación de los procedimientos antifraude correspondientes, y ejecutar las actuaciones. «Esta tramitación administrativa hace que sea inviable el programa dado que todas las obras deberán estar ejecutadas y justificadas antes del 31 de marzo«.
Javier Faúndez considera que estos plazos no se podrán cumplir y que «tampoco está garantizada la posibilidad que se conceda una prórroga«, por lo que, si no se producen cambios en las actuales circunstancias, «la Diputación deberá renunciar a esta ayuda debido a los plazos impuestos en la convocatoria».
