El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha pedido hoy al Gobierno y a Renfe que rectifiquen la supresión de paradas en Segovia, Medina del Campo y, por lo que refiere a Zamora, en la estación de Otero de Sanabria. La medida ha entrado en vigor hoy, como estaba previsto y sin que la operadora ni el Ministerio de Transportes hayan tenido a bien atender las muchas reivindicaciones realizadas desde la provincia durante el último mes. «Deben rectificar ya lo que es una injusticia», ha asegurado Fernández Mañueco en Madrid, en un desayuno informativo organizado por el periódico La Razón.
«Renfe ejecuta hoy la injusticia de suprimir paradas de AVE en Segovia, Medina del Campo y, el caso más sangrante, en Sanabria. Dicen que es por rentabilidad económica, pero yo defiendo la rentabilidad social», apunta el presidente. Fernández Mañueco califica la decisión ya consumada de Renfe como «un mazazo al mundo rural» y «a la España de interior». El presidente de la Junta eleva la petición de rectificación a Renfe, al ministro Óscar Puente y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. «Que recuperen las frecuencias e incluso que las amplíen en todo lo posible», añade.
Mañueco apostilla que la medida «no es justa» y que crea «ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda». Es una decisión, continua el presidente de la comunidad, «premeditada» que «lastra» a los territorios. «Con todo lo que tienen encima, como para preocuparse de las paradas de Sanabria, pero deben rectificar», asegura Mañueco.
El presidente de la Junta realiza estas declaraciones justo en el día en el que se ha consumado lo que se sabía, y es que las comunicaciones por alta velocidad en la comarca de Sanabria han sido cercenadas por parte de la operadora ferroviaria pública. Ya no hay opción de viajar a Zamora o a Madrid a primera hora de la mañana mientras que el tren más madrugador que llega desde la capital provincial a la estación de Otero lo hace pasadas las diez de la mañana. Frecuencias incompatibles con el transporte por motivos laborales o médicos y que ponen en entredicho la utilidad pública del servicio.
